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Morelia, Mich., 4 de junio de 2013.- Como parte de las actividades del Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública realizado en las instalaciones de Casa de Gobierno, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Víctor Barragán Benítez, dictó la conferencia “Los retos del Nuevo sistema de justicia penal”.
De acuerdo a un comunicado de prensa, para iniciar, comentó que en esta disertación se debería incorporar el contexto social antes del decreto del 18 de junio de 2008, donde se marca la pauta para la reforma penal, así como el presente y los planes para enfrentar el futuro, qué ha ocurrido desde el 2008 en el ámbito del sistema de justicia penal y cuáles son los retos a los que se ha enfrentado.
Durante la conferencia, el magistrado mencionó que antes del decreto se dieron tres fenómenos: el reconocimiento de una crisis de los estados democráticos; la respuesta en la comunidad internacional al fenómeno criminal, así como distintos fenómenos sociológicos internacionales: los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y de 2004 en Madrid, por citar algunos.
Asimismo, comentó que el reto normativo está marcado por dos tipos de exigencias: efectividad de la seguridad pública para combatir delincuencia, impunidad y corrupción; y, segundo, tener una justicia cercana a los ciudadanos.
En lo que respecta a los retos del Nuevo sistema de justicia penal, habló de la voluntad política, la capacidad financiera y el contexto social, entre otros.
En cuanto a voluntad política, Barragán Benítez comentó que el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, conformado por los tres poderes del estado, ha logrado la coordinación de estas instancias y se pueden palpar ya diversos avances, iniciando por el decreto de creación del propio consejo implementador, la ley de ejecución de sanciones penales (cuyo sistema ya está funcionando), el nuevo Código de Procedimientos Penales y la capacitación de los operadores.
Sobre la capacidad financiera, mencionó que es indispensable para poder solventar la infraestructura, capacitación y la difusión que se requiere. Sin embargo, comentó que con la capacitación que se ha dado podría expandirse al interior del estado para que todos los operadores tengan acceso a ella.
En cuanto al contexto social, el magistrado considera que el tema se debe incorporar en los programas de estudio, que es necesaria la capacitación de los abogados litigantes, la difusión en todos los rincones del estado, y culturizar el tema de los derechos humanos.
Finalmente, comentó: “de nosotros depende la buena o mala implementación del Nuevo sistema, nadie nos va a venir a suplantar para instituirlo, de modo que funcione en el marco de la dignidad de la persona.”