Derechos humanos es tener acceso al bienestar económico y social

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de mayo de 2014.- La diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que México enfrenta muchos retos en esta materia, en la que prevalecen grandes vacíos, y se pronunció por generar una nueva cultura gubernamental que efectivamente garantice el disfrute de estos derechos que se traducen en el acceso al bienestar económico, social y cultural. “Son sinónimo de libertades”, sintetizó

Según un comunicado, durante la conferencia “Políticas Públicas y Derechos Humanos”, dictada por el doctor Mario Cruz Martínez y organizada por las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, así como por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), la legisladora afirmó que existen más de 50 millones de pobres que reclaman atención y resoluciones.

Destacó que las políticas públicas deben estar inmersas en el respeto a los derechos humanos, lo cual permitirá y garantizará una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.

Cárdenas Cantú aseveró que el Poder Legislativo “sigue trabajando en la armonización del marco jurídico con los estándares internacionales y se han logrado ya muchos avances en legislaciones especiales”, precisó.

Añadió que las políticas públicas federales, estatales y municipales no pueden estar aisladas, sino integradas para impulsar de manera transversal el respeto a los derechos humanos de mujeres, niños, adolescentes y hombres en todos los aspectos de la vida, para garantizar el desarrollo pleno de la personalidad.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), señaló que el tema de los derechos humanos es de primer orden en la agenda de esta Legislatura.

Precisó que también fue muy importante en las anteriores legislaturas donde se modificó el artículo primero de la Constitución Política para establecer a los derechos humanos como un asunto de primera importancia.

Destacó que el reto es convertir a dicha reforma en un eje en todas las acciones tanto de las autoridades como de la sociedad, y pronto se vea reflejada como una acción no sólo del gobierno sino de todos nosotros.

Al dictar la conferencia, el coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Mario Cruz Martínez, sostuvo que desde hace muchos años en América Latina y, especialmente, en México, se tiene un gran problema: “los ciudadanos no estamos convencidos de las leyes que nos rigen y de los gobernantes que tenemos”.

Mencionó que “las leyes van por un lado en muchos casos y las demandas sociales, las expectativas ciudadanas se estrellan en otro universo y muchos problemas surgen a partir de esa asimetría”.

Se requiere, dijo, una nueva cultura gubernamental de los derechos humanos, para buscar nuevas reglas del juego democrático y se logre un auténtico sentido de justicia social. Planteó, por tanto, que las políticas públicas en la materia ayuden a entender la acción de los propios funcionarios públicos en todos los ámbitos.

Enfatizó que el cambio debe ser a nivel gubernamental federal y local y capacitar a los funcionarios de primer nivel, ya que son ellos los que atienden directamente a la víctima. Subrayó que uno de los más importantes retos es modernizar las instituciones en sus áreas de derechos humanos. “No hacen falta más leyes, sino modernizar los sistemas y la capacitación”.

Cruz Martínez mencionó que algunos de los temas importantes son los derechos de la niñez y el de los pueblos y comunidades indígenas. “Son dos temáticas muy complejas para el sistema jurídico, político y para la agenda social de México y lo que hace falta son instrumentos de política pública de derechos humanos en estas dos grandes áreas”.

Consideró que una política pública puede ir dirigida a partir de la figura del protocolo, el cual es un manual que se le da a los juzgadores para que ellos tengan un catálogo de derechos que tienen que respetar cuando juzgan. La propuesta es que dentro del ámbito de las políticas públicas se pueda trabajar con un protocolo en materia de derechos humanos, dijo.

En la ronda de preguntas y respuestas, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuestionó: ¿a qué órgano del Estado se le va a atribuir la rectoría en materia de derechos humanos? ¿No será que en la reforma faltó atribuir esta rectoría al Estado?

El doctor Cruz Martínez respondió que este es uno de los grandes temas que tienen que debatirse. “Hace falta hablar de la viabilidad o no de un órgano que vigile y monitoree la aplicación de los principios en materia de derechos humanos en los grupos, objeto de la política pública”, propuso.

Cárdenas Cantú, al clausurar la conferencia del doctor Mario Cruz Martínez, subrayó que establecer la asimetría entre las necesidades de la ciudadanía, la legislación y el reconocimiento de los derechos humanos, denotan la necesidad de políticas públicas para hacer efectivas y reales estas prerrogativas.