Campo algodonero, parteaguas para justicia con perspectiva de género
MORELIA, Mich., 14 de mayo de 2024.- Fue a partir del caso González y otras: campo algodonero, que el Estado Mexicano incorporó los conceptos jurídicos con perspectiva de género en la procuración de justicia en el país, consideró el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera.
Durante su conferencia magistral Campo Algodonero vs México, en el marco del taller: Juzgar con Perspectiva de Género, organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, explicó cómo la intervención y sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso mencionado, provocó un desarrollo en la procuración y administración de justicia para las mujeres.
El especialista recordó que en noviembre de 2001 los cadáveres de ocho mujeres fueron localizados en un campo algodonero, ubicado en la zona céntrica de Ciudad Juárez, Chihuahua; el hallazgo formó parte del episodio histórico que conocemos como las muertas de Juárez.
Durante el proceso de investigación del hallazgo de los cadáveres, la entonces Procuraduría de Justicia de Chihuahua resolvió el caso en dos días, pero con una serie de irregularidades, entre las que destacan la sentencia de dos conductores del servicio de transporte público.
Y es que, se torturó a los conductores para que se declararan culpables, y la identificación de tres mujeres reportadas como desaparecidas, a quienes se les identificó entre las ocho víctimas, pero que, investigaciones posteriores revelaron que los cadáveres no correspondían a éstas, por lo que el abogado aseguró que el hallazgo fue de 11 mujeres.
Los familiares de las víctimas rechazaron las investigaciones y resoluciones de la Procuraduría de Chihuahua y optaron por llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual sentenció que la autoridad mexicana incurrió en violación a los derechos humanos al no garantizar los mismos, tanto de las víctimas, como de sus familiares.
Durante el proceso ante la Comisión Interamericana, el equipo de abogados al que perteneció Héctor Alberto Pérez, se logró evidenciar que el sistema de justicia mexicano incurrió en violaciones a las mujeres.
Ejemplificó con casos del marco legal de Chihuahua, donde el abuso sexual contra una mujer era un delito menos grave que el robo de ganado o donde el rapto y violación contra ellas era excluyente si el agresor se casaba con la víctima.
A raíz de la sentencia de la Comisión Interamericana en el caso de “González y otras: campo algodonero”, el Estado Mexicano buscó incorporar dentro del marco legal, conceptos como el feminicidio, la discriminación contra las mujeres en razón de género y el derecho a una vida libre de violencia.
