Solo personal de seguridad privada acreditado portará armas

MORELIA, Mich., 11 de marzo de 2019.- El personal de las empresas que prestan el servicio de seguridad privada deberá acreditar cada tres años los exámenes de control y confianza y únicamente quienes los acrediten podrán usar armas, previa capacitación, propone el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, Humberto González.

En una iniciativa de ley para homologar la ley estatal con las normas federales se establece que el personal operativo se someterá a las evaluaciones de control de confianza (C3), con el objetivo de cumplir con los principios de certeza y profesionalismo que se imponen a los elementos de seguridad pública y policía auxiliar, de conformidad con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Dichos exámenes se deberán presentar de manera periódica, considerando que su vigencia es de tres años y será obligatorio que el personal operativo asista a programas de manejo del estrés derivado de que la actividad que realizan los somete a condiciones de alta peligrosidad.

Se prevé actualizar las modalidades de prestación del servicio de seguridad privada, al considerar que las actividades que pueden realizarse son mayores a las que contempla actualmente la Ley estatal, como son el caso de la instalación de alarmas, videocámaras, sistemas de monitoreo y blindajes.

Las empresas que prestan el servicio de seguridad privada también deberán registrar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los programas de capacitación al personal operativo y los instructores deberá ser avalados por las autoridades competentes.

“La homologación de la legislación local con los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos en el ejercicio de servicios privados permite que la seguridad en Michoacán no se vea comprometida con lagunas legales en las que cualquiera con recursos suficiente pueda operar, sin mediar sanciones ni consecuencias jurídicas para la completa revisión de sus actividades”.

Considera el diputado independiente que la Ley de Seguridad Privada no solo es un marco regulatorio para los prestadores de servicios, sino es un mecanismo de control para las personas que se capacitan y ejercen labores que requieren el manejo de armas de fuego, que pone bajo sus manos el resguardo de armamento, municiones, capacitaciones en el adiestramiento de animales, utilización de uniformes, traslado de valores y vehículos blindados.

Es necesario entender, que estas actividades, por comunes que sea identificarlas en las calles, no cuentan con una norma completa y no se puede permitir que la legislación quede rebasada por la realidad.