MORELIA, Mich., 19 de mayo de 2020.- A menos de un mes de que concluya el plazo para la armonización de la Ley General de Archivos, sólo siete estados de la República han aprobado sus respectivas leyes locales. Pero ninguno de ellos cuenta con los reglamentos y manuales de consulta, control y operación archivística que obliga la referida norma.

El plazo para que los congresos faltantes voten sus respectivas leyes, 24 y la Ciudad de México, vence el próximo 15 de junio, sin que hasta ahora se conozca de alguna prórroga, acto al que le siguen la entrada en vigor del Sistema Estatal de Archivos, implementacion de Consejos, normatividad, control y consulta y un manual de procedimientos homologado, el cual podría estar coordinado por el Archivo General de la Nación (AGN), en conjunto con el Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.

Con la armonización se busca “proteger el patrimonio documental”, dijo Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, pero también garantizar los derechos elementales del acceso a la información pública y la rendición de cuentas de los funcionarios a los ciudadanos.

Hasta ahora, expresó el director del archivo más importante del país, han solicitado el apoyo y orientación a esa dependencia 16 entidades federativas, entre estas Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Chiapas y Veracruz, por mencionar algunas, pero aún hay incertidumbre de cómo avanza el proceso en otros estados.

Por ello, Mireya Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional de Archivos, del Archivo General de la Nación, opinó que existe preocupación en la Federación sobre las implementación de las leyes y, por ello, pidió que desde el “Consejo Nacional de Archivos se vigile o monitoree a los estados que ya armonizaron la ley, para aplicar las directrices que continúan, como la capacitación y homologación de criterios”.

Mientras que para aquellas entidades donde las leyes están atoradas por motivos como “no querer otorgar presupuesto o porque tienen hasta cinco propuestas y no se ponen de acuerdo”, señaló, debe hacerse un exhortó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para que “los gobernadores puedan tomar participación e impulsar la armonización de la ley; vean el alcanzo y objetivo de la ley”, ya que “se han mostrado más interesado por su cartas de entrega recepción que por la ley”.

Los motivos en el rezago en la armonización de las leyes sólo los conocen en cada legislativo, sin embargo, esto no significa que los sujetos obligados pueden evadir sus trabajo de rendir cuentas sobre el ejercicio del recurso público que recibió en su dependencia o sindicato.

Coordinadora de Archivos y Gestión Documental, del Sistema Nacional de Archivos, Areli Navarrete Naranjo, recordó que todos aquellos que reciben o ejercen recurso público, son sujetos obligados, aunque no respondan a la misma estructura y no existan leyes armonizadas.

“Se ha dicho que la falta de leyes armonizadas en tiempos de la pandemia ponen en riesgo que se documenten los acuerdos y actos de las autoridades, y por otro lado, que lo poco que se genere no se organice, administre o preserve, en síntesis: no habría rendición de cuentas. Esto es erróneo”, puntualizó Navarrete Naranjo.

Explicó la comisionada que todas las autoridades “que son sujetos competentes para actuar ante la pandemia como son las dependencias de salud, y sobre todo los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, porque constituye una garantía asentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto obliga a su cumplimiento”.

Para el caso de Michoacán se ha establecido ya un Sistema Estatal de Archivos, presidido ahora por la directora del Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, Mónica Gutiérrez, y se está a la espera de que se vote la ley para integrarse al Sistema Nacional que lidera el AGN, iniciar la capacitación, emitir una normativa, hacer los manuales de organización y consulta.

En la entidad se cuentan con archivos históricos que albergan hasta 2 millones de documentos, como es el Archivo Casa Morelos, que cuenta con fondos desde el siglo 16 hasta el 20, de orígenes diversos como administración pecuniaria, civil, eclesiástica y de guerra y marina.