Transición energética, el reto a cumplir ante actual panorama ambiental
MORELIA, Mich., 5 de noviembre de 2019.- Alrededor de 100 empresas restauranteras en Morelia podrían amparase contra el cobro de la licencia municipal de funcionamiento, ante la represión que el gremio afirmó experimenta desde el ayuntamiento de la capital del estado, refirió Alejandro Hernia Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Michoacán.
Detalló que, tras el operativo para el retiro de anclajes y estructuras fijas de negocios formales sitos en la avenida Acueducto, unidades económicas del rubro han planteado la interposición de medidas para reclamar la aplicación selectiva de la norma, así como la falta de los servicios que el municipio debiera brindar a quienes pagan una licencia de funcionamiento.
Ello, debido a que en tanto que el ayuntamiento montó un operativo con personal de Protección Civil, Policía Municipal e Inspección, se mantuvieron puestos informales en la zona intervenida, además que “consideramos que el pago de la licencia de funcionamiento comprende la prestación de servicios como la seguridad, el alumbrado y la movilidad, los cuales no percibimos”.
Acotó que las acciones legales serán diversas e individuales, si bien al momento aproximadamente 100 establecimientos restauranteros afiliados a la Canirac han expuesto su intención de ampararse contra el pago de la licencia municipal de funcionamiento, y no se descarta que esta cifra incremente al sumarse los comercios no afiliados.
Tarifas de agua potable, pendientes
Hernández Torres señaló que se tienen diferentes temas pendientes de resolución ante el ayuntamiento de Morelia que abonan al descontento del sector.
Entre estos, destacó el compromiso de cambiar la tarifa del servicio de agua potable para el gremio de industrial a comercial o, en su defecto, la creación de una categoría específica para negocios de alimentos preparados y bebidas, compromiso que no ha registrado avances tendientes a su concreción.
Asimismo, la clausura de anuncios publicitarios y la ausencia de mecanismos y espacios apropiados para que los empresarios puedan regularizar la situación de estos, pese a que el municipio ha asegurado que la regulación parte de la necesidad de ordenar, no de recaudar.
Finalmente, prevalece el malestar ante la permanencia de vendedores ambulantes o semifijos informales, incluso en la zona donde fueran retirados anclajes y estructuras instaladas por 16 comercios, con el argumento de recuperar el espacio público.
“El principal reclamo es que hace más de seis meses señalamos la instalación de vendedores informales en las inmediaciones de la avenida Acueducto, sobre la calle, ni siquiera en la banqueta, los cuales supuestamente tienen tolerancia del municipio; nos dijeron que los iban a quitar, pero no los han retirado, mientras que a los comercios formales se les extrajo del andador donde se encontraban”, manifestó.
“Anuncios publicitarios, licencias de funcionamiento, recuperación de espacios, agua potable y la incongruencia, sobre todo de la Secretaría del Ayuntamiento, dirigida por Humberto Arróniz Reyes, que polariza al que tiene contra el que no tiene, son los factores que han generado inconformidad”, expresó el presidente de la Canirac Michoacán.
Precisó que “no estamos en contra de los vendedores ambulantes, pero esto no se resuelve dando más espacios, sino con su organización, lo que podría llevar a que los vendedores ambulantes sean inclusive un potencial turístico, como ocurre en otras ciudades del mundo”.
El retiro de anclajes y estructuras fijas pertenecientes a 16 empresas ubicadas en las cercanías de la unidad deportiva Ejército de la Revolución, sobre la avenida Acueducto, ocasionó pérdidas económicas por alrededor de 4 millones de pesos, además de afectar a aproximadamente 200 empleados, quienes, refirió, han visto mermados sus ingresos por ventas y propinas al no contar con servicio a comensales en el exterior de sus locales.