Plantean garantizar con habeas corpus derechos de detenidos

MORELIA, Mich., 11 de octubre de 2019.- La incorporación del principio del habeas corpus en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como una garantía de que las personas detenidas sean trasladadas a los centros de detención correspondientes y en cumplimiento a sus derechos constitucionales, propone el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, Humberto González.

Plantea también el diputado del Partido de la Revolución Democrática fortalecer al Consejo Estatal de Seguridad Pública con la participación de un elemento de la Guardia Nacional, con mando suficiente para participar en las tareas de seguridad del estado.

Dicho Consejo se constituye, de acuerdo con la propia Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como la instancia superior de coordinación interinstitucional en el estado, es decir, la Guardia Nacional al ser un cuerpo constituido con la indicación de ser el eje de la estrategia nacional de seguridad, debe tomarse en cuenta en sus sesiones.

En su exposición de motivos, el legislador señala que la seguridad pública en Michoacán no admite andar buscando culpables y no debe ser fuente de discursos mediáticos entre quién debe y quién no, sino ser una actividad constante, permanente, garantista, con la finalidad de preservar la paz, prevenir y atacar el delito.

Considera que la forma de enfrentar la situación en el estado es ajustando las actuaciones de los distintos cuerpos de seguridad y de las instituciones de procuración de justicia a los criterios técnicos y administrativos que permitan generar estrategias coordinadas reactivas y preventivas, evitando la duplicidad y que existan fuentes comunes de información para el despliegue de las operaciones en campo.

“Que no exista omisión legislativa sobre los temas que demanda la agenda nacional, que, si la estrategia dirigida a nivel federación demanda instituciones civiles, con capacitación teórica y práctica castrense, garanticemos que desde la estructura del actual sistema estatal de seguridad pública se pongan como principio el respeto a la participación interinstitucional, pero sobre todo, del pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas”.