Siguen ignorando aguacateros registro de trabajadores ante el IMSS
MORELIA, Mich., 25 de mayo de 2022.- Ayuntamientos deberán reportar a la Secretaría de Gobierno el número de licencias otorgadas a los centros de rehabilitación, a fin de contar con un estimado de lugares que ofrecen el servicio y cuáles operan al margen de la ley.
Cuestionado sobre las acciones desde la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), el titular del despacho, Hebert Flores Leal, comentó que “la Secretaría de Gobierno tuvo a bien girar el oficio a todos los ayuntamientos, para que nos informen”, dijo.
Autoridades del gobierno de Morelia tienen un registro oficial de 82 centros destinados a dar este servicio, sin embargo, son entre cinco y 10 menos de los que tiene la Junta de Asistencia Privada.
Sin embargo, el margen podría ser aún mayor, mandos de las policías local y estatal han revelado que, a través de los recorridos realizados en las más de mil 500 colonias y tenencias de Morelia, rondan los 400 espacios habilitados para atender a personas con problemas de adicciones a sustancias ilegales.
Todos estos centros sin licencia municipal, estatal o federal, estarían brindando a los pacientes métodos de rehabilitación no avalados por las normas mexicanas en materia de salud e incurriendo en violaciones a Derechos Humanos.
A través de Dirección de Diversidad Sexual se han detectado alrededor de cuatro casos recientes de terapias de conversión sexual, para personas de la comunidad LGBTI, incluso uno aceptó haberse sometido a este tipo de métodos en un lugar ubicado en el corazón de la ciudad.
El reto de las autoridades locales, refirió el titular de la Coepris “es contar con un padrón único de establecimientos y aún más grande, su regulación, ya sea en modalidad residencial o de ayuda mutua; se necesita que se apeguen a la norma legal y el tema regulatorio, en cuanto a alimentos, espacios, agua, consultorios, etcétera”.
Sin embargo, hay otras problemáticas que enfrentan las instituciones de asistencia privada que brindan el apoyo, no cuentan con recursos suficientes ni para el mantenimiento propio de los centros, además de la movilidad recurrente.
“Estas instituciones también son muy itinerantes, cierran, abren y cambian de domicilio de manera recurrente”, declaró Aarón Chávez Esquivel, secretario de la Junta de Asistencia Privada, quien enfatizó que ubicar los centros se vuelve una tarea aún más compleja y los hace depender de los reportes ciudadanos.