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MORELIA, Mich., 25 de agosto de 2025.- La consulta en San Miguel del Monte, tenencia de Morelia, sigue en pie y será la Asamblea General la que defina la modalidad, ya sea a mano alzada o mediante urnas.
Así lo confirmó en entrevista el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, quien subrayó que la decisión final corresponde únicamente a la comunidad, como máxima autoridad.
El pasado viernes, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró sin materia las impugnaciones interpuestas en contra de la consulta.
La resolución del órgano jurisdiccional dejó firme el acuerdo del Gobierno del Estado, que establece que la Asamblea General es la instancia que debe determinar la forma en que se llevará a cabo el ejercicio.
Y es que, el propios grupo que pide la consulta solicitó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) suspender la misma hasta que la asamblea definiera el método, lo que terminó por dejar sin efecto su propia queja.
De acuerdo con Ulianov, la fecha tentativa planteada es el 7 de septiembre, aunque reconoció que podría ajustarse, siempre y cuando no se postergue más allá de los plazos legales.
“Lo único que nosotros pedimos es que no tarde mucho, tiene que ser de inmediato, 15 o 20 días, pero no más, porque así lo establece la ley”, expuso.
En el fondo del debate se encuentra el interés de la comunidad por acceder al presupuesto directo, estimado en más de tres millones de pesos anuales, recursos que permitirían a San Miguel disponer de manera autónoma de esos fondos sin pasar por la administración municipal de Morelia.
Además, está la disputa por el control del agua, ya que algunos sectores han acusado intentos de manejar los sistemas locales como parte del proceso de autogobierno.
El escenario se complica por la presencia de presuntos grupos armados en la zona, reconocida por el propio jefe de la Policía de Morelia, José Pablo Alarcón, lo que ha generado dudas sobre las condiciones de seguridad para llevar a cabo la consulta.
El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, fue más allá y acusó directamente al jefe de tenencia de San Miguel de operar para grupo delictivo.
Afirmó que el objetivo del autogobierno sería utilizar recursos públicos para financiar actividades ilícitas, por lo que exigió cancelar de manera definitiva el ejercicio y abrir investigaciones.
Frente a esas declaraciones, Ulianov enfatizó que ni partidos políticos ni actores externos tienen facultad para frenar la consulta, ya que fue la propia asamblea de habitantes la que solicitó su realización.
Añadió que lo único pendiente es acordar la modalidad de votación, dado que la logística general ya está resuelta.
De esta manera, pese a los señalamientos políticos, las acusaciones de vínculos criminales y el ambiente de inseguridad en la región, San Miguel del Monte mantiene firme la intención de llevar a cabo la consulta, en un contexto donde confluyen la disputa por recursos millonarios, el control del agua y la definición de un posible autogobierno comunitario.




