MORELIA, Mich., 19 de febrero de 2019.- Humanizar la procuración de justicia para poder recuperar la confianza de los ciudadanos fue la constante que plantearon, al comparecer ante los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, los aspirantes al cargo de Fiscal General con posibilidades de lograrlo, aunque por ello mismo cuestionados.

Cuestionados por participar en el proceso para la designación de quién será el primer Fiscal General del estado sin haberse separado de los cargos que ostentan como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Víctor Barragán y Juan Antonio Magaña, así como el diputado Adrián López Solís.

A ellos y a otros conocidos abogados como los notarios Miguel García y Luis Carlos García, o el ex subprocurador, Ignacio Mendoza, entre otros menos conocidos, tocó turno este martes para exponer sus motivaciones para aspirar al cargo y presentar los ejes de su plan de trabajo ante los legisladores.

Serrato señaló que ya sea percepción o estadística, la confianza ciudadana está rota por lo que el reto de la Fiscalía será hacerla sensible y humana con las víctimas, pero endurecida con los criminales; acercar la justicia a las comunidades alejadas, capacitar para que el Ministerio Público pueda recibir una denuncia, investigarla y litigarla, acabar con el viacrucis que padecen las víctimas para presentar una denuncia, buscar la coordinación con todas las instancias federales y estatales para compartir información y promover la despresurización del sistema mediante conciliación y medidas alternativas para enfocarse a los delitos de alto impacto.

Benítez describió cuatro ejes del plan de trabajo que entregó por escrito: el primero analítico informativo y estratégico porque ningún plan puede funcionar sin información, con política por zonas y que genere datos para poderse evaluar; el segundo fue sobre seguridad con un trabajo en coordinación con todas las instancias estatales y federales y de los estados limítrofes para que embone con el Plan Nacional por la Paz y Seguridad; el tercero sería la investigación y la cuarta la creación de una base social no solo a través del Consejo Consultivo, sino en las comunidades lejanas, entre ellas las indígenas que no merecieron una Fiscalía como los animales, reclamó.

Magaña indicó que el sistema penal acusatorio es la columna vertebral sobre la que descansará la Fiscalía General, lo que requiere una ingeniería novedosa porque el Ministerio Público ya no descansará en la fe pública que era válida en tanto no se probara lo contrario y ahora será la ciencia y la técnica sobre la que se sostenga la investigación, mientras que el policía será detective, pero sin descuidar la exigencia social de un trato con decoro para que las víctimas no se culpables del delito que van a denunciar.

López Solís dijo que la impunidad es el principal obstáculo del buen funcionamiento del sistema penal, pero en la medida en que se conozcan los hechos delictivos y las sanciones que se imponen se abatirá y se recuperará la confianza ciudadana para poder fomentar la cultura de la denuncia. Su plan de trabajo lo entregó por escrito, ya que consta de 10 ejes que por el tiempo no podría desglosar, pero sí habló de las limitaciones materiales que se tienen actualmente.

Miguel García señaló que no hay cultura de denuncia, lo cual favorece la impunidad y no la hay por la pérdida de la credibilidad por el desinterés en la investigación que da magros resultados en la judicialización de los casos; reforzaría los mecanismos de justicia alternativa y la investigación de los delitos de alto impacto y no habría esperas de 24 horas para ver si los hijos regresan, los heridos no serían masacrados en los hospitales y no se demantelarían vehículos en los corralones.

Luis Carlos García también consideró que recuperar la confianza ciudadana es el reto, pero para ello es necesario que víctima, testigo e imputado reciban un trato humano;  ofreció garantizar la presunción de inocencia, la revisión de protocolos y manuales de procedimientos, coordinación y cooperación con todas las instituciones, servicio profesional de carrera, transparencia, rendición de cuentas, erradicación de tortura, y que nunca más haya un imputado tratado como víctima y una víctima tratada como imputado.

Ignacio Mendoza consideró que la procuración de justicia es cara, opa y profundamente corrupta y por ello se requiere una Fiscalía autónoma y un fiscal sin conflicto de interés, sin vínculos o relación partidista, sin miedo, con experiencia, con visión de futuro no de pasado, de Estado no de grupo, con policías investigadores que no inventen novelas, con servicio profesional de carrera, que respete a los actuales trabajadores y que evalué a los empleados para recuperar la confianza. 

Además, crearía la Fiscalía del Tae kwan do porque su práctica reforzará la disciplina el autocontrol y la idea de que el uso de la fuerza es el último recurso.