Hasta 2 mdp de multa a ayuntamientos que permitan corridas de toros

MORELIA, Mich., 29 de septiembre de 2025.- La activista animalista Rosa María de la Torre Torres advirtió que las corridas de toros son espectáculos prohibidos en Michoacán, y que las autoridades municipales que intenten autorizarlos se exponen a sanciones de entre 1 y 2 millones de pesos por cada animal lidiado sin cumplir con las disposiciones federales.

En rueda de prensa, la especialista en derecho constitucional, explicó que tanto la Ley General de Sanidad Animal como la Norma Oficial Mexicana sobre sacrificio humanitario sólo permiten la muerte de animales en casos muy específicos, como enfermedad, riesgo zoonótico o consumo humano, siempre bajo métodos que eviten el sufrimiento.

Al no cumplir con estos criterios, las corridas constituían una violación legal susceptible de multa millonaria.

Por su parte, Jerónimo Sánchez, representante de Animal Heroes, advirtió que los ayuntamientos que otorgaran permisos de este tipo habrían incurrido en una falta constitucional, pues ninguna autoridad local puede colocarse por encima de la Constitución ni de la legislación estatal.

Recordó que el compromiso de las presidencias municipales es cumplir con la ley, no con intereses particulares.

El Grupo de Investigación en Derecho Animal también sostuvo que los espectáculos taurinos vulneran de manera directa el artículo 4 de la Constitución federal, que prohíbe el maltrato animal, además de contradecir la reforma aprobada en el Congreso de Michoacán que proscribe este tipo de prácticas.

Subrayó que cualquier autorización municipal resultaría inconstitucional e ilegal.

Los colectivos recordaron, además, que un tribunal colegiado en materia administrativa determinó en 2024 que las corridas son ilegales en México, lo que refuerza el carácter vinculante de las resoluciones que hoy impiden su realización.

Con la cancelación judicial de la corrida anunciada para este martes en Morelia, quedó establecido que la violación a la norma no sólo representa un retroceso en materia de derechos de los animales, sino que también acarrea consecuencias económicas y legales de gran magnitud para los ayuntamientos que pretendan autorizar eventos de este tipo.