Determinará Semar plan de apoyo para el Lago de Pátzcuaro
MORELIA, Mich., 3 de junio de 2020.- Las mujeres burócratas podrían gozar de permiso con goce de sueldo hasta por 15 días cuando sean víctimas de violencia, y el cumplimiento de sus actividades laborales, no le permita o ponga en riesgo su seguridad e integridad personal.
La condición para acceder a esa prerrogativa sería que la presentación de la denuncia u orden de protección emitida por la autoridad correspondiente, de acuerdo con la iniciativa de adiciones a Ley de los trabajadores al servicio del estado de Michoacán y de sus municipios, presentada por el diputado Oscar Escobar.
También planteó adiciones a la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán para que se genere el servicio esencial para la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, garantizando el normal funcionamiento de los dispositivos de información de 24 horas, la respuesta de emergencia y recepción a las mujeres en situación de riesgo.
También se establecerá la asistencia psicológica, jurídica y social de manera no presencial a través de mensajería instantánea de ser posible con geolocalización, telefónica o por otros mecanismos electrónicos o tecnológicos; lo anterior derivado del estado de alarma por epidemia o pandemia.
La elaboración de un protocolo de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por epidemia o pandemia.
Convenir con los establecimientos de alojamiento turístico, un alojamiento temporal, en caso de que no haya espacios suficientes durante el estado de alarma en los refugios o centros designados para ello y sea necesario para garantizar la seguridad de las víctimas.
En su exposición de motivos señaló que la pandemia de Covid 19 no sólo ha impactado en la paralización de la economía, en los sistemas de salud, sino también a originado un incremento en la violencia doméstica o intrafamiliar, que afecta no sólo a las mujeres sino también de niños, pues desde el comienzo del confinamiento doméstico, los servicios de emergencia del país recibieron en el mes de marzo 26,171 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, el número más alto desde que comenzó a registrarse este mecanismo de apoyo en 2016.
Además, datos registrados en todos los sistemas estatales del número 911 y compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras que el año pasado el récord mensual fue de 21,678 llamadas de auxilio por esta misma causa, durante la expansión de la pandemia por COVID-19 la cifra se incrementó notablemente.
Bajo esta perspectiva, la respuesta institucional no ha dado soluciones a las vicisitudes de la vida en relación con la mujeres, toda vez que las necesidades de seguridad y justicia no han sido solventadas en este proceso de pandemia, por lo que, se necesitan normas o políticas públicas que ayuden a proteger los derechos de las mujeres, su integridad y en sí su condición de vulnerabilidad, como de las mujeres trabajadoras que necesitan tiempo o espacios con el objeto de poder acudir a las instituciones gubernamentales para iniciar trámites legales, indicó.