Delito de aborto se concentra en municipios con menos habitantes

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2026.- Con una tasa estatal de apenas 0.04 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes entre enero y mayo de 2026, el delito de aborto mantiene una incidencia baja en Michoacán.

Sin embargo, la estadística adquiere otra dimensión cuando se observa el comportamiento municipal: Copándaro encabeza la lista con una tasa de 10.13 casos por cada 100 mil habitantes, la más alta del estado, un contraste que vuelve a colocar el tema bajo análisis a poco más de un año y medio de la despenalización del aborto aprobada por el Congreso de Michoacán en octubre de 2024.

Los registros del tablero estadístico de la Fiscalía General del Estado muestran que las investigaciones iniciadas durante los primeros cinco meses del año no se concentran en las ciudades más pobladas, sino en municipios con una menor cantidad de habitantes, donde uno o dos casos pueden modificar significativamente la tasa por cada 100 mil habitantes.

Después de Copándaro aparece Charo con una tasa de 8.33; le siguen Paracho con 4.89, Venustiano Carranza con 3.65 y Sahuayo con 1.18. En el extremo opuesto se encuentran los municipios con mayor población del estado. Uruapan reporta una tasa de 0.27 y Morelia de 0.23 casos por cada 100 mil habitantes durante el mismo periodo.

Aunque la reforma de 2024 eliminó la sanción penal para las mujeres y personas gestantes que interrumpen voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la permanencia de carpetas de investigación por este delito no resulta, por sí misma, incompatible con el marco legal vigente.

El Código Penal de Michoacán mantiene como delito la interrupción voluntaria del embarazo cuando ésta ocurre después del plazo de las 12 semanas, salvo las excepciones previstas por la ley. Asimismo, continúa sancionando el aborto forzado, es decir, cuando un tercero provoca la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer mediante violencia, coacción o cualquier otro medio ilícito.

Por ello, las cifras de la Fiscalía no permiten determinar, únicamente con la estadística pública, bajo cuál de estos supuestos fue iniciada cada carpeta de investigación, aunque sí reflejan que el delito continúa formando parte de los registros ministeriales del estado.

En cuanto al comportamiento mensual, las investigaciones muestran una tendencia relativamente estable. Enero abrió con una tasa estatal de 0.04 casos por cada 100 mil habitantes; febrero descendió a 0.02; marzo registró el punto más alto del periodo con 0.10; mientras que abril volvió a 0.04 y mayo cerró nuevamente en 0.02.

Más allá del número de investigaciones, la disparidad entre municipios pequeños y grandes centros urbanos vuelve relevante otro elemento del debate: determinar si estos expedientes responden a conductas que permanecen tipificadas por la legislación vigente o si, en determinadas regiones, persisten desafíos relacionados con el acceso a la información sobre el alcance de la reforma aprobada en 2024 y los derechos reproductivos reconocidos por la ley.