¿Decretos firmados por Peña privatizaron el agua?

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de junio de 2018.- El pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

La firma ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro, como circuló en redes sociales.

 

Esta noticia falsa revivió el debate sobre la privatización del agua. Algunas voces aseguran que se trataba de una medida que propiciaría la concesión del agua, otras, como la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua argumentan lo contrario.

 

Estas son las diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el gobierno federal sobre la firma de estos documentos que no privatizan el agua, pero sí permiten que se otorguen concesiones.

 

¿Qué dicen los decretos firmados por Peña?

 

Los 10 decretos eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.

Ahora, en lugar de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen “zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede aprovecharse esa agua.

En cada decreto se señala el porcentaje de agua que puede ser utilizados en cada cuenca mediante el título de concesión.

 

Cada uno de los decretos, en esencia dictan lo mismo, pero corresponden a 10 diferentes ríos. Las zonas y ríos seleccionados son: Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

 

El gobierno federal fue asesorado por la organización de conservación ambiental WWF, la cual les ayudó a saber de qué manera poder mantener el agua suficiente para la población durante los próximos 50 años.

 

En su página WWF, menciona que con la firma de los decretos México tomó una “decisión histórica con la cual protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 Áreas Naturales Protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar”.

 

 

¿Fue legal la firma de los decretos?

 

La Ley de aguas nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto.

 

“No es una decisión ilegal. Es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida, señala Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

 

La eliminación de la veda a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es legal, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”, explica Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés).

 

 

¿Qué significa levantar la veda sobre el agua?

 

Con la firma de los decretos, se transitó de un régimen de veda a un régimen de reserva.

 

Una veda es una medida que impide al gobierno hacer uso del agua. “Cuando decretas una veda, lo que estás haciendo es ponerte tú, gobierno, una restricción absoluta para el uso del agua. Para que cualquier persona, ejido, empresa, acceda al agua, tiene que solicitar una concesión a Conagua”, explica Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM.

 

“Lo que hicieron con el decreto fue transitar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva, y eso te habilita como gobierno para dar concesiones en cuatro campos. Sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda: uso personal y doméstico, producción de energía y la protección y conservación ambiental”, detalló el investigador de la UNAM.

 

Ya se han levantado vedas en otras cuencas, explica Eugenio Barrios, de la WWF, por ejemplo, en Pánuco, en 2012 y 2006 y no ha sido algo que haya disparado las concesiones.

 

La figura de la veda es un instrumento que data de los años 1930.

 

“Fueron creados con un fin muy particular: para estudios de distritos de riego, entonces son instrumentos que no operan, sí establecen una prohibición, pero ha quedado sin efecto, porque la prohibición nos lleva a situaciones de prohibición de destrucción”, señala Barrios.

 

¿Qué dicen las voces en contra de los decretos?

 

La organización Agua para Tod@s plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se abriría tras la firma de los decretos.

 

“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresan.

 

Señalan que las empresas trasnacionales se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas, pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.

 

Otro punto es que, según la organización, aunque los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.

 

Con relación a la vigencia de 50 años de los decretos, Agua para Tod@s señala que cada estado podrán solicitar los volúmenes requeridos, sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

 

Añaden que los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.

 

¿Cuáles son los beneficios de los decretos?

 

La Secretaría del Medio Ambiente explicó en un comunicado que el agua no se privatizará, y que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”, indicó la Secretaría.

 

Se trata de una medida, agregaron, que ayudará al país a “preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.

 

“Estos decretos de reserva de agua en ningún momento son una medida de privatización, sino todo lo contrario, protegen el agua para los ecosistemas en porcentajes muy elevados. En segunda instancia, protegen el agua para la gente: lo que significan es la protección del agua como ese bien común, explica Eugenio Barrios, director del programa Agua.

 

“Esa es otra de las grandes aportaciones de las reservas de agua: nos están diciendo cuánta agua está disponible, cuánta es para el ambiente y cuánta es para la población. Estamos en posición de exigir transparencia en el uso del agua”, agrega Barrios.

 

Según la Conagua, con esta política pública se busca que el agua no se desaproveche. “Nuestro plan es que el escurrimiento del agua pueda correr a los ríos y así la corriente llegue a las zonas protegidas solo para el uso medioambiental”, explicó su titular Roberto Ramírez de la Parra.

 

¿Se va a concesionar el agua?

 

Ramírez de la Parra explicó que si bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, la administración de Peña Nieto en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso medioambiental.

 

Dijo que el quitar la veda tiene la finalidad de preservar nuestro medio ambiente y que en todo momento actuaron conforme a la ley.

 

“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”.

 

“No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”, explicó el investigador de la UNAM.

 

El director del Programa Agua de WWF aceptó que el régimen de concesiones genera preocupación, pero por ello, dijo, la Conagua debe realizar este proceso de forma transparente. “Conagua acaba de externar que no se van a dar ese tipo de concesiones”.

 

El titular de la Conagua aseguró que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla.