Contradicción: ordenan desalojo de gatitos que viven en sede de Profepa

MORELIA, Mich. 4 de octubre de 2025.- Trabajadores de la representación en Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alertaron del riesgo de abandono y calle, por la posibilidad de desalojo, que pesa sobre Benito, Solecito y Pelusa, michis que por más de una década han habitado las instalaciones de la instancia, localizada en el Centro Histórico de Morelia. 

Según una queja de personal de la Profepa en Michoacán, dada a conocer por Clarissa Guzmán, activista animalista independiente y miembro de la asociación Jane's Walk Morelia, "de la nada" el titular de la instancia federal, Guillermo Naranjo Chávez, habría dado la indicación de desalojar a Benito, con más de 10 años de edad, Solecito, ocho años, y Pelusa, cinco años.

Esto, pese a que los michis son cuidados y atendidos por los trabajadores, sin que a la Profepa en Michoacán le representen un coste económico. 

Tras precisar que los michis, hasta este viernes, continuaban en la representación estatal de la Profepa, Clarissa Guzmán señaló que el temor de los trabajadores es que, en su ausencia, se implementen medidas lesivas para el bienestar de los animalitos.

"Pese a que los gatos han sido parte de la vida cotidiana de trabajadores, visitantes y usuarios de la Profepa en el estado, ahora podrían ser desalojados, condenándolos a una situación de calle y abandono", expresa la queja.

Agregó que Benito, Solecito y Pelusa "se han convertido en símbolo de la institución donde son queridos, cuidados y protegidos por la comunidad laboral. Resulta inconcebible y contradictorio que una institución que, se supone, debe proteger al ambiente y garantizar la justicia ambiental intente ahora abandonar a los mismos animales que han sido parte de su identidad y que, además, representan un ejemplo de empatía y tenencia responsable".

Más aún, en un momento donde en Michoacán y México los derechos de los animales son reconocidos por la ley y se han logrado avances importantes en la lucha por el bienestar animal, como la prohibición de la tauromaquia. 

El llamado, agregó, es "a la sociedad civil, medios de comunicación, colectivos animalistas y ciudadanos en general a pronunciarse y evitar este atropello. Los gatos de la Profepa en Michoacán no solo son animales en situación de vulnerabilidad, son un símbolo de la contradicción entre el discurso institucional y la práctica real".

"Exigimos respeto, empatía y coherencia. Benito, Solecito y Pelusa deben quedarse en casa, en la sede de la Profepa en el estado", reiteró.

Clarissa Guzmán recordó que, ante el Senado de la República, se presentó la iniciativa conocida como Ley Pay de Limón, que persigue la tipificación de la crueldad y el maltrato contra los animales como delitos graves.

Esto implica que se impongan a los responsables de estos ilícitos penas de prisión superiores a los dos años, la prevención de delitos que derivan o son propiciados por el maltrato y la crueldad en contra de los animales, y campañas permanentes de sensibilización de la población sobre la necesidad de incentivar el bienestar animal.

La propuesta toma su nombre de Pay de Limón, un lomito que fue mutilado por presuntos integrantes del crimen organizado, lo que alude a los estudios que vinculan la comisión de delitos graves, como el homicidio, con personas con antecedentes de violencia y crueldad en contra de los animales.

Asimismo, Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Municipal de Protección Animal (Impa), ha mencionado la existencia de un criterio de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) para tratar como delitos graves el maltrato y la crueldad contra los animales, que actualmente no se consideran ilícitos graves.

Por su parte, este año en Colombia se tuvo la Ley Ángel, que en el país sudamericano endurece las medidas contra maltratadores de animales, como penas de prisión más severas, creación de un registro nacional de maltratadores de animales sentenciados y prohibición de que estos tengan bajo su cargo animales.

Además, acciones como la definición de agravantes, entre las que destaca el abuso sexual de animales; el aumento de las facultades de la Policía y otros funcionarios para intervenir en casos de crueldad y maltrato con víctimas animales, y la posibilidad de ingresar a un inmueble privado para rescatar a un animal que sufre crueldad o maltrato.

La Ley Ángel toma su nombre de un lomito que sufrió crueldad y maltrato extremos, en 2021.