Buscan endurecer supervisión interna a Comisión de Víctimas en Michoacán

MORELIA, Mich., 1 de mayo de 2026.- Sin un órgano interno que vigile a funcionarios ni el uso del fondo estatal, el sistema de atención a víctimas en Michoacán opera hoy sin control directo desde dentro, una falla que el Congreso local ya tiene en análisis para corregir vía reforma.

La propuesta en comisiones apunta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia responsable de canalizar apoyos, asesoría y reparación del daño, pero que actualmente carece de un mecanismo propio de supervisión, pese a manejar recursos públicos en un contexto de violencia persistente.

El planteamiento central es crear un órgano de control interno con facultades para recibir quejas, investigar irregularidades y sancionar a servidores públicos, en una institución donde no existe una instancia que vigile su operación cotidiana.

Además del control, la reforma también busca fortalecer el financiamiento. Se propone que el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral deje de depender únicamentw del presupuesto y se alimente de nuevas fuentes, como recursos provenientes de bienes decomisados en procesos penales y una proporción de ingresos por derechos vehiculares.

El fondo es clave en el sistema, ya que de ahí dependen apoyos económicos y medidas de reparación, pero su capacidad actual es limitada frente a la demanda, lo que ha abierto cuestionamientos sobre su eficacia.

Otro de los ajustes en análisis es facilitar el acceso a estos apoyos, al permitir que hechos de violencia ampliamente conocidos no tengan que ser acreditados nuevamente por las víctimas, lo que busca reducir tiempos y cargas administrativas.

La iniciativa fue presentada por el diputado Reyes Galindo Pedraza y turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, donde se definirá su viabilidad en medio de un rezago legislativo reconocido por el propio Congreso.

El trasfondo es político e institucional: mientras el número de víctimas crece, el debate ya no sólo es cuánto se destina a su atención, sino quién supervifa que esos recursos se ejerzan correctamente y si el Estado tiene capacidad real para garantizar la reparación del daño más allá del papel.