MORELIA, Mich., 22 de febrero de 2021.- A dos años de su creación, la Fiscalía General del Estado avanzó en la constitución de un andamiaje institucional, con la creación de unidades especializadas en el combate al secuestro, la atención el feminicidio y la del homicidio doloso, para hacer frente al flagelo de impunidad, sostenidas en equipos operativos preparados, capacitados en nuevas tecnologías, mejor incentivados.

En una entidad como Michoacán, que no logra desenraizar el fenómeno de la violencia, donde el 2020 dejó 2 mil 456 homicidios dolosos en mil 997 eventos, según la propia FGE, la misión del Fiscal es clara: hacer justicia al ofendido y sancionar al transgresor.

En una larga plática con Quadratin, el fiscal general, Adrián López Solís afirmó que atrás quedó la práctica del carpetazo, y ahora, con números en mano, se demuestra el combate al rezago de expedientes.

“Al revisar la ley nos encontramos que hay formas de tratamiento y resolución de los casos; identificamos el reto de abatir la impunidad, de que en efecto nuestro papel vaya encaminado a que se haga justicia, a que la justicia sea posible en este sentido de las formas de resolución posible.


“Nosotros identificamos como de muy alta prioridad el poder resolver de fondo los casos para llevarlos ante los jueces y que abatamos, en sentido inverso, los indicadores del archivo temporal, es decir, el carpetazo, mandar a la congeladora una denuncia, pues no nos ayuda a nosotros y mucho menos le sirve a la sociedad. 

“Por eso, cuando entramos identificamos que había el 65 por ciento de las denuncias, de las carpetas de investigación, en condición de archivo temporal, luego entonces, a dos años, hoy tenemos ese indicador en el 38 por ciento, en el 35 por ciento, es decir, 75 casos se resuelven por la vía de la judicialización, por la vía del uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, o por otras formas que también nos permite la ley, como la abstención de investigación cuando evidentemente se trata de denuncias que no constituyen delitos, o el no ejercicio de la acción penal, más la acumulación, más la incompetencia. Entonces, 75 casos de cada 100 estamos resolviendo de fondo”, detalló.

¿Cuál era el principal talón de Aquiles hasta antes de que llegara Adrián López Solís a ocupar el cargo de la Fiscal?

El principal como tal no podría yo destacar, más bien, es un conjunto de factores adversos que diagnosticamos en el arranque del funcionamiento de la Fiscalía y que fuimos haciendo la gestión para poder solventar aquellos pendientes, aquellos aspectos que no favorecen a la función de investigar el delito.


Así fue que una de las primeras cosas que identificamos fue la capacidad que se tenía para atender los requerimientos internos; había salarios dispares entre operadores o investigadores y la carga de trabajo no correspondía a las percepciones que recibían estos servidores públicos, entonces nos dimos a la tarea de gestionar un incremento presupuestal que en su momento aprobó el Congreso, a propuesta del Gobernador del estado, un incremento del 35 por ciento, y con ello, en el año 2020 pudimos hacer realidad un programa de homologación salarial, que no fue solamente incrementar las percepciones, sino que va de la mano o lleva aparejada una idea de mejorar las condiciones en que se están desarrollando los trabajos de esta Fiscalía.

Te comento que también pudimos equipar con vehículos utilitarios a las áreas operativas, principalmente Policía de Investigación, Peritos y agentes del Ministerio Público, pudimos avanzar en la capacitación a servidores públicos sobre habilidades competenciales para dar una mejor solución a la investigación de los casos.

¿Qué medidas se han implementado para dar seguimiento a las investigaciones que realizan los agentes del Ministerio Público, la Policía de Investigación y los Peritos?

Pues dotarlos del equipo necesario, de las herramientas tecnológicas, también capacitarlos para que cada caso en su singularidad, en su particularidad pueda cumplir con las exigencias del modelo de justicia, nuestros casos son expuestos argumentativamente ante los jueces a partir de la imputación del hecho y hay que sostenerles con evidencia.

Se habla de la mejora en la determinación de carpetas, ¿qué debe de entender la sociedad por esto? ¿En que se beneficia, sobre todo partiendo de que antes la sociedad había perdido la confianza en las instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública?

Básicamente quien es víctima de un delito tiene el derecho a denunciar y a que se le haga justicia, a que se le repare el daño y que quien cometió ese delito tenga una sanción justa, impuesta por un órgano jurisdiccional.

Lo que hacemos en la Fiscalía del Estado es recibir esa denuncia y allegarnos de los datos de prueba que acrediten el cómo acontecieron  los hechos, quién los cometió, quién participó para exponer ante un Juez este caso, a través de una argumentación que hacen nuestros agentes del Ministerio Público.


Caso que se denuncia y caso que no se resuelve es una medida de impunidad, y contra eso tenemos nosotros que trabajar para que no haya impunidad, que haya justicia y que haya garantía de acceso a la justicia y que las personas tengan la reparación debida del daño que les fue causado.

Fiscal, este segundo informe pone énfasis en el tema de las innovaciones tecnológicas, las nuevas herramientas en la lucha contra el crimen, ¿cómo ha funcionado, cómo ha servido sobre todo en el tema de la lucha anticrimen?

En varias vías: primero comentarte que las investigaciones que los hechos que la ley señala como delito, no solo deben sustentarse en el dicho de testigos o el señalamiento de personas en relación a quien posiblemente lo cometió o participó en ellos, sino que hoy día el uso de las tecnologías, el uso de la ciencia y de las artes en la investigación permiten también ligar a una persona determinada con el hecho concreto y establecer, a partir de ahí, su probable participación.
En este escenario de combinación de técnicas de investigación y de uso de herramientas tecnológicas, pues cuenta y juega mucho la lógica, el sentido común, que no basta decirlo, sino que es necesario justificarlo, acreditarlo, pero además, realizarlo con las reglas del debido proceso, ejercerlas o llevarlas a cabo conforme a las autorizaciones que ameritan el control judicial.

En ese sentido, es importante, si se realiza un dictamen, poder contar con las herramientas de la tecnología, con los aparatos, las técnicas que permitan establecer una conclusión científica ante un hecho planteado como problema.


Ejemplo, para identificar el perfil genético de una persona que se va a confrontar con otra que es víctima o victimario; ejemplo, identificar las sustancias tóxicas, las drogas, el alcohol en personas que hayan intervenido en hechos; ejemplo, poder junto con estas técnicas de investigación que están establecidas en la ley, justificar la intervención de alguien a través de una comunicación en un dispositivo móvil requiere no solamente el control judicial, sino el manejo, la experiencia de gente que se tiene que capacitar para ello, y estamos avanzando mucho en ese tema”.