Animalistas, bajo amenazas y sin protección oficial en Michoacán

MORELIA, Mich., 9 de abril de 2026.- Activistas en defensa de los animales en Michoacán advirtieron que realizan su labor en condiciones de riesgo, sin mecanismos de protección institucional y frente a un problema estructural de abandono que sigue creciendo en el estado.

Durante conferencia de prensa, Esmeralda Cerda Pizano, presidenta de Generando Hogares de Amor Para Animales Desprotegidos (GHAPAD), denunció que su actividad la ha colocado en situaciones de amenaza directa. 

“Un tipo me amenazó con una pistola”, reveló, al describir el nivel de violencia que pueden enfrentar quienes rescatan animales.

Explicó que este tipo de escenarios obliga a las asociaciones a actuar con discreción, especialmente cuando colaboran con autoridades en el resguardo de animales asegurados. 

A ello se suma la carga operativa que asumen sin respaldo institucional. Indicó que, pese a recibir animales decomisados por la fiscalía, las asociaciones deben cubrir por su cuenta todos los gastos. 

“Nos estamos enfrentando a curarlos, pagar atención médica, vacunarlos, desparasitarlos, esterilizarlos, vienen con nada más con un gracias”, sostuvo.

A pregunta expresa, el abogado Carlos Maya, integrante de la Asociación Abogados Animalistas de México, confirmó que en los últimos años se ha incrementado la violencia contra activistas, particularmente mujeres.

“En los últimos dos años a nivel nacional tenemos un número importante de activistas que no sólo han sido amenazadas, sino violentadas física, económica y también frente a su familia multiespecie”, expuso.

Detalló que en Michoacán existen antecedentes en distintas regiones, como Paracho, donde una activista sufrió el envenenamiento de sus animales, así como casos en Uruapan y Zamora, donde también se han registrado agresiones.

Subrayó que uno de los principales problemas es la exclusión de los animalistas de los mecanismos de protección. 

“Nosotros no podemos pedir protección como activistas por los derechos animales, no entramos en la Ley General de Víctimas ni en estos sistemas”, explicó, al señalar que, a diferencia de periodistas o defensores de derechos humanos, no cuentan con esquemas formales de resguardo.

Acotó que las organizaciones continúan operando en condiciones adversas, enfrentando no sólo la sobrepoblación y el abandono, sino también amenazas directas, sin garantías efectivas de protección por parte del Estado.