Ve Fabiola Alanís improcedente juicio político contra Baltazar Gaona

MORELIA, Mich., 29 de abril de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, consideró improcedente el juicio político promovido contra el presidente del Poder Legislativo, Baltazar Gaona García, en el contexto del conflicto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Tras el anuncio de la solicitud de juicio político contra Gaona, a pregunta expresa la Legisladora argumentó que el exhorto que dio origen al diferendo fue aprobado por el Pleno del Congreso, por lo que no corresponde a una decisión individual del diputado. “Porque el exhorto lo aprobamos en el pleno”, sostuvo.

Alanís Sámano añadió que dicho exhorto carece de carácter vinculante, por lo que no puede derivar en responsabilidades como las que se pretenden fincar mediante el juicio político. “El exhorto no es vinculante”, puntualizó.

Asimismo, cuestionó la procedencia del recurso al señalar que no puede ser promovido por un ente, en referencia a la Universidad Michoacana. “Porque la solicitud de juicio político no lo puede presentar un ente”, afirmó.

La también coordinadora parlamentaria de Morena, calificó el recurso como improcedente e inconveniente en términos políticos y legales. “Es improcedente e inconveniente”, expresó.

El posicionamiento se da luego de que la Universidad Michoacana promoviera un juicio político contra Gaona García, al acusarlo de intervenir en su autonomía, tras la exigencia del Congreso para que cumpliera con la armonización normativa derivada del decreto 163.

Alanís Sámano subrayó que, si bien es necesario reivindicar la autonomía universitaria, también debe reconocerse el respaldo que el Congreso ha otorgado a la institución, particularmente con la reforma que elevó su financiamiento a un porcentaje fijo del presupuesto estatal.

“Me parece que es importante reivindicar la autonomía de la UMSNH y el respaldo que ha dado el Congreso con la reforma”, indicó.

La postura de la Jucopo introduce una valoración política clave sobre la viabilidad del juicio, cuyo trámite será turnado a la Comisión Jurisdiccional y, en su caso, al Pleno del Congreso.