Llevarán observación electoral hasta prisiones y voto en el extranjero
MORELIA, Mich., 25 de enero de 2026.- En los últimos diez años, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich) ha recibido 120 medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, pero únicamente en 11 casos se logró acreditar la conducta y dictar una sanción.
En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa, la magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos presentó un balance previo y posterior a la reforma de 2021, que incorporó legislación específica para regular y sancionar este tipo de violencia.
“De la totalidad de medios que se han presentado desde el 2016, es decir, a lo largo de una década, hemos recibido 120 medios de impugnación y procedimientos sancionadores”, expuso.
Detalló que los actos denunciados han sido de diversa naturaleza y se han registrado “en el ejercicio del cargo en ayuntamientos, de candidatas, de comunidades indígenas, pero también de violencia en el ámbito parlamentario, violencia verbal y violencia en redes sociales”, lo que refleja la amplitud de escenarios en los que se presentan estas conductas.
No obstante, precisó que “al final se ha logrado acreditar sólo en 11 casos la existencia de violencia política en razón de género”, con resoluciones orientadas tanto a la sanción como a la reparación integral del daño.
La Magistrada explicó que uno de los principales obstáculos para elevar el número de sanciones es la carga probatoria que impone el marco jurisdiccional vigente.
“Siempre es complicado lograr acreditar los cinco pasos que establece la jurisprudencia de la Sala Superior, la jurisprudencia 21 de 2018”, señaló.
Refirió que se debe demostrar que los actos ocurrieron en el ejercicio de derechos político electorales, que se cometieron por el hecho de ser mujer, que se basaron en estereotipos de género y que generaron una afectación desproporcionada.
Subrayó que estos criterios buscan asegurar que la sanción tenga sustento jurídico sólido, pero al mismo tiempo representan un reto para las víctimas al momento de integrar los expedientes y aportar los elementos necesarios para acreditar la conducta.
El balance histórico muestra que, aunque año con año se presentan denuncias por violencia política de género, la brecha entre los casos iniciados y las sanciones efectivamente impuestas se mantiene amplia.
De acuerdo con Bahena Villalobos, ello obliga a revisar de manera permanente la eficacia de los mecanismos institucionales para garantizar la protección real de los derechos político electorales de las mujeres en Michoacán.




