Silvano Aureoles: choques políticos, tránsfugas y 2 frentes penales

MORELIA, Mich., 31 de marzo de 2026.- El caso del exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo no se explica sólo desde los tribunales ni desde la política, es la convergencia de ambos terrenos: una confrontación abierta con el poder federal, un cambio de gobierno que derivó en denuncias, y dos expedientes penales que hoy lo mantienen en el centro de la escena pública.

Al corte de la información disponible, sin embargo, el también exsenador continúa libre, aunque sí existen órdenes de aprehensión por presunto desvío de recursos en la construcción de cuarteles de seguridad, y por la masacre en Arantepacua, en 2017.

Originario de Carácuaro, Aureoles llegó a asentar su capital político electoral en Zitácuaro; ingeniero agrónomo, con una trayectoria que lo llevó de la alcaldía a la gubernatura entre 2015 y 2021, Aureoles no fue un actor menor en la política michoacana y tampoco salió del cargo sin polémica.

Desde su administración se acumularon cuestionamientos por el manejo de la seguridad, episodios de confrontación pública y decisiones de gobierno que generaron críticas.

En la recta final de su mandato, la violencia en regiones como Tierra Caliente colocó a Michoacán en el foco nacional, mientras se registraban hechos como el despliegue en Aguililla y el episodio en el que encaró hasta intimidar a un profesor que protestaba durante una visita oficial.

El punto de quiebre político llegó en 2021, cuando ganó Morena. Tras la elección estatal Aureoles acusó una narcoelección y decidió llevar su denuncia al más alto nivel.

Y es que, en septiembre de 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó que en las elecciones del 6 de junio de ese año hubo intervención del crimen organizado en Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.

Con esta y otras denuncias Silvano acudió a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no fue recibido.

Silvano espera sentado al Presidente: “estoy acá, afuera de su Palacio”

Permaneció afuera, en un banquito verde, esperando ser atendido. La imagen recorrió el país y sintetizó el momento: un gobernador perredista saliente enfrentado al poder federal.

Ese episodio no quedó aislado. Marcó el tono de una relación ríspida con Morena y con la llamada Cuarta Transformación.

¿Cuarteles a sobreprecio?

Con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla al gobierno estatal, en 2021, comenzó la revisión de contratos y obras del sexenio anterior. El discurso político se convirtió en ruta administrativa y después en denuncias penales.

En febrero de 2022, el gobierno estatal informó acciones legales contra exfuncionarios por posibles irregularidades en la construcción y arrendamiento de cuarteles de seguridad, por presuntos sobreprecios exorbitantes.

El caso de Zitácuaro fue uno de los primeros en evidenciar diferencias significativas entre lo pagado y los avalúos oficiales.

La narrativa oficial apuntó a un esquema de contratos mediante arrendamiento con opción a compra para siete cuarteles en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

Las cifras han sido uno de los ejes del debate. Desde el gobierno estatal se ha hablado de un esquema superior a los 5 mil millones de pesos.

En el expediente penal federal, el presunto daño patrimonial se ha ubicado en alrededor de 3 mil 412 millones.

Pero en 2025 el caso que parecía mero golpeteo político dio el salto definitivo al ámbito judicial. Un juez federal libró orden de aprehensión contra Aureoles y varios de sus excolaboradores.

En ese mismo expediente, al menos cuatro exfuncionarios fueron vinculados a proceso por delitos como peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, la causa avanzó en tribunales, aunque no con la presencia del exmandatario.

En agosto de 2025 se programó la audiencia inicial en su contra, en el Reclusorio Oriente, pero Aureoles no acudió, así que la diligencia no pudo realizarse y la orden de aprehensión permaneció vigente.

Durante ese periodo, su defensa promovió recursos legales para evitar la detención. Algunas suspensiones se concedieron de forma provisional, pero fueron impugnadas o perdieron efecto.

Masacre en Arantepacua

Mientras el frente federal avanza, un expediente más antiguo volvió a cobrar fuerza hace una semana. El 5 de abril de 2017, en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, un operativo policial dejó cuatro comuneros muertos y una treintena de heridos.

El caso derivó en señalamientos por uso excesivo de la fuerza. En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a derechos humanos, entre ellas al derecho a la vida y a la integridad personal.

Ese antecedente se convirtió en base para la acción penal. En marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado obtuvo 16 órdenes de aprehensión por esos hechos.

Entre ellas, una contra Aureoles y otra contra su entonces secretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez, ahora también prófugo.

Los delitos señalados: homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Así, el exgobernador quedó en medio de dos procesos distintos pero simultáneos: uno por presunto manejo irregular de recursos públicos y otro por decisiones operativas en materia de seguridad. El caso, sin embargo, no se mueve en un vacío político.

Tránsfugas silvanistas que brincaron a Morena 

Parte de quienes integraron la administración de Aureoles en la actualidad ocupan cargos en el Ejecutivo y Legislativo de Morena en Michoacán, lo que refleja una reconfiguración de fuerzas más compleja que la narrativa de bloques enfrentados.

Entre ellos Giulianna Bugarini, exsecretaria de los Jóvenes de Silvano y actualmente diputada local;Jesús Mora, actual presidente de Morena fue suplente de Aureoles en la Cámara de Diputados, y Gabriela Molina Aguilar, hoy secretaria de Educación llegó a encabezar el Sistema Michoacano de Radio y Televisión en la administración de Aureoles.

También figuran perfiles como Antonio Soto Sánchez, otrora silvanista, ahora titular de la Secretaría del Migrante, y los hermanos Juan Pablo y Óscar Celis Silva, todos con antecedentes en la administración silvanista.

Incluso el fiscal estatal, Adrián López Solís -entonces una de las cabezas del PRD-, fue designado durante ese gobierno, y recientemente dejó el cargo a Carlos Torres Piña, quien, aunque actualmente ya convertido a Morena, fue presidente del perredismo durante el silvanismo, y ahora Fiscal, la semana pasada logró 16 órdenes de aprensión contra los silvanistas por Arantepacua.

En paralelo, el propio PRD también mostró fisuras. Su dirigente estatal, Octavio Ocampo Córdova, marcó distancia del exmandatario en medio del avance de las investigaciones, evidenciando que el respaldo político interno tampoco era uniforme.

No pasa inadvertido que en marzo de 2025 el entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, repudió a quienes otrora leales de Aureoles a las primeras de cambio le daban la espalda y se convertían en sus principales detractores.

En 2023 y 2024, Aureoles intentó reposicionarse rumbo a la candidatura presidencial del bloque opositor. No avanzó a la fase final que derivó en la postulación de Xóchitl Gálvez Ruiz.

Para entonces, el escenario ya era otro. El expediente judicial avanzaba, su presencia pública disminuía y las acusaciones se acumulaban. Hoy, el caso permanece abierto.

Tras la pérdida de su registro, el Sol Azteca, que en 2024 hizo campaña con PRI-PAN para Xóchitl Gálvez, se volvió un aliado de facto de la 4T. A ello se suma el peso de su entorno cercano. 

Silvano: justicia o venganza 

Actualmente, el exsenador de la República y hermano de Silvano, Antonio García Conejo, mantiene presencia marginal en la política nacional, lo que muestra que el grupo político no desapareció, aunque sí perdió liderazgo y legitimidad.

García Conejo ha sostenido públicamente que las acusaciones representan una venganza política derivada de las denuncias que Aureoles realizó en 2021 sobre la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. 

García Conejo argumenta que su hermano es un perseguido político y que las órdenes de aprehensión son cortinas de humo para desviar la atención de la crisis de seguridad actual, subrayando que las investigaciones se reactivaron justo cuando el exgobernador mantenía una presencia activa en la oposición nacional.

 En el ámbito jurídico, la defensa ha recurrido de forma sistemática al juicio de amparo, logrando en diversas etapas procesales suspensiones provisionales contra órdenes de captura por delitos como peculado y desvío de recursos.

 Estos recursos legales se han fundamentado en la presunta violación al debido proceso y en la falta de notificación oportuna de las carpetas de investigación. 

Los abogados de Aureoles sostienen que las imputaciones por el uso de recursos en la construcción de cuarteles de seguridad son faltas de carácter administrativo que han sido criminalizadas sin pruebas directas que vinculen al exgobernador con un beneficio patrimonial personal.

El argumento central de su equipo legal publicado en diversos espacios señala que los procesos están viciados de origen por motivaciones electorales. 

Insisten en que la Fiscalía no ha podido acreditar la responsabilidad directa del titular del Ejecutivo en la ejecución de contratos operativos, alegando que se trata de una estrategia de inhabilitación política. 

Con estas victorias parciales en tribunales federales, la defensa busca demostrar que las acusaciones carecen de sustento penal sólido y que forman parte de una narrativa construida para desgastar su imagen pública.

Las autoridades sostienen sus investigaciones. Los procesos no han llegado a una resolución definitiva.

Y en medio de ese cruce de acusaciones, rupturas políticas y trayectorias compartidas, el expediente de Aureoles sigue siendo leído en dos planos: el jurídico, donde se definirán responsabilidades, y el político, donde hasta la fecha el silvanismo es noticia y forma parte de la disputa de narrativas.