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MORELIA, Mich., 31 de julio de 2026.- La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del Congreso de Michoacán analiza una reforma a la Ley Orgánica Municipal que obligaría a los 113 ayuntamientos del estado a crear y mantener programas permanentes de apoyo a las artesanías, con acciones como la organización de ferias locales y la habilitación de espacios de venta para productores.
La propuesta busca incorporar a la legislación la obligación de que los municipios implementen un Programa Municipal de Apoyo a las Artesanías, con el propósito de fortalecer una actividad considerada parte de la identidad cultural del estado y fuente de ingresos para numerosas familias.
De aprobarse, los gobiernos municipales tendrían que organizar de manera periódica ferias artesanales, garantizando la participación de las y los artesanos de cada municipio, además de crear y mantener espacios permanentes para la comercialización directa de sus productos.
La iniciativa también contempla que los ayuntamientos impulsen estrategias de promoción turística para difundir las comunidades artesanales en medios locales, regionales y nacionales, así como la incorporación de rutas turísticas que destaquen el trabajo de las personas dedicadas a esta actividad.
Otro de los componentes del programa sería la capacitación y asistencia técnica para mejorar la calidad de las piezas, fortalecer las técnicas de comercialización y facilitar el acceso a nuevos mercados.
El proyecto establece que los recursos para operar estos programas provendrían de los presupuestos municipales, además de aportaciones estatales, federales o de otros fondos destinados al desarrollo económico y cultural. Asimismo, cada ayuntamiento estaría obligado a elaborar un informe anual sobre los resultados del programa, el cual sería presentado al Congreso del Estado y puesto a disposición de la ciudadanía.
En la exposición de motivos de la reforma se argumenta que, pese a la riqueza cultural y artesanal de Michoacán, la ausencia de programas municipales específicos ha limitado la producción, comercialización y promoción de las artesanías, con efectos en la economía local y en el potencial turístico de las comunidades dedicadas a esta actividad.




