Será 2018 año crucial para México: Iris Vianey Mendoza

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2018.- Los procesos electorales federal y locales dominarán el panorama político en el primer semestre del año, por lo que en el último periodo ordinario de la LXIII legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en el Senado de la República realizará un seguimiento puntual para prevenir, y en su caso denunciar, el desvío de recursos públicos de gobiernos locales o del federal, que pretendan destinarse a las campañas electorales.

Señala un comunicado de prensa, la democracia en México se encuentra cuestionada, así como también lo están los partidos políticos y diversas instituciones públicas, por lo que resulta un compromiso ineludible para el GPPRD contribuir a que el proceso electoral de este año se realice con la mayor transparencia, apego a la legalidad y se garantice el respeto al voto de la ciudadanía.

Como nunca en la historia reciente, una ley ha sido cuestionada y puesta en duda su constitucionalidad tanto por organizaciones sociales, defensorías de derechos humanos, universidades y partidos políticos, como por organismos internacionales.

El GPPRD presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y estará pendiente de la acción emprendida en coordinación con otros grupos parlamentarios del Senado, previendo la actuación del grupo parlamentario en los distintos escenarios posibles, entre ellos, que la LSI sea declarada inconstitucional o parte de ella así se considere; en todo caso, los argumentos jurídicos expresados ante la SCJN se expresaran en iniciativas legislativas que se presentarán en este periodo para combatir los excesos y ambigüedades de dicha ley.

En el ámbito internacional, el GPPRD continuará el seguimiento puntual a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte que actualmente están en curso, así como también del correspondiente con la Unión Europea (TLCUEM) y de las adecuaciones que se discutan en el marco de la reformulación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Por otra parte, se dará seguimiento a las acciones que el gobierno federal realice a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para enfrentar las posibles consecuencias de la suspensión y eventual cancelación definitiva del Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), el cual podría afectar hasta 600,000 inmigrantes de origen mexicano.