Reclutamiento forzado en Michoacán no es delito; urge PRI a tipificarlo

MORELIA, Mich., 21 de julio de 2026.- Mientras el reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado continúa siendo una práctica denunciada en distintas regiones de Michoacán, esa conducta todavía no constituye un delito específico en el Código Penal del estado.

Ante ese vacío legal, la Comisión de Justicia del Congreso local analiza una iniciativa del diputado del PRI, Guillermo Valencia Reyes, para tipificarla y sancionarla con penas de hasta 40 años de prisión en los casos más graves.

La propuesta parte de que el fortalecimiento de las organizaciones criminales ha modificado sus mecanismos de operación, al recurrir cada vez más a la violencia, las amenazas y la coacción para obligar a personas a integrarse a sus filas.

"Hay delitos que se cometen a diario y que no son un delito tipificado en el Código Penal y eso imposibilita a las autoridades a que puedan hacer mejor su trabajo", sostuvo el legislador priista al presentar la iniciativa ante el Pleno.

Valencia Reyes afirmó que la ausencia de un tipo penal específico impide a las autoridades perseguir el reclutamiento forzado como una conducta autónoma y limita las sanciones que pueden imponerse a los responsables.

"Nosotros como legisladores, estamos obligados a dotarlos de herramientas para que, cuando ellos logren detener a un delincuente, pues el delincuente se quede en la cárcel", expresó.

El legislador explicó que actualmente el Ministerio Público debe investigar estos hechos bajo figuras como secuestro, trata de personas o corrupción de menores, aunque ninguna describe plenamente el fenómeno.

"El reclutamiento forzado no existe como un delito autónomo", subrayó.

Durante la exposición de motivos señaló que los grupos criminales ya no sólo captan integrantes mediante promesas de empleo o dinero.

"Hoy en día recurren de manera sistemática a la violencia física, a la coacción psicológica, a la extorsión, las amenazas de muerte hacia familiares y el secuestro para engrosar sus filas", afirmó.

Incluso, describió una modalidad que, dijo, se presenta en diversas regiones del estado.

"Hay familias a las que les cobran cuota por vivir, por trabajar sus tierras y que, al no tener dinero para pagar esa cuota, les piden que uno de su familia ingrese a las filas de sus cárteles delictivos y trabaje como sicario", expuso.

Añadió que muchas de esas personas terminan siendo utilizadas como halcones, en el trasiego de drogas o en enfrentamientos armados.

El diputado sostuvo que la omisión legislativa también provoca que el fenómeno permanezca oculto en las estadísticas oficiales.

Explicó que, al investigarse bajo otros delitos, no existen registros específicos sobre el reclutamiento forzado, lo que dificulta dimensionar el problema y elaborar políticas públicas para prevenirlo.

Además, advirtió que la falta de tipificación termina criminalizando a quienes en realidad son víctimas.

"Las personas que son rescatadas o detenidas en campamentos criminales son procesadas directamente como delincuentes por delitos como portación de armas o delincuencia organizada, ignorando por completo que su participación estuvo sujeta a una coacción insuperable y que su condición real eran las víctimas de una grave violación a sus derechos humanos", afirmó.

Valencia Reyes señaló que el fenómeno ya no afecta únicamente a menores de edad.

"No solamente son los niños, no solamente son los jovencitos menores de edad; son jóvenes de 18, 19 años, son personas adultas que, al no haber un joven que pueda ir a pagar su cuota humana al crimen organizado, le toca ir al papá. Hay mucha gente que está forzada en las filas del crimen organizado y también son víctimas", dijo.

El legislador recordó que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales para combatir estas prácticas y mencionó que el Estatuto de Roma reconoce el reclutamiento forzado como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.

La iniciativa propone incorporar esta conducta al Código Penal de Michoacán con penas de 15 a 30 años de prisión para quien obligue a otra persona a integrarse a un grupo delictivo.

Asimismo, plantea aumentar la sanción de 20 a 40 años cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores, mujeres o integrantes de comunidades indígenas.

Valencia Reyes argumentó que la reforma también fortalecería la persecución penal mediante la figura del concurso de delitos, al permitir que el reclutamiento forzado se sume a ilícitos como extorsión, secuestro o delincuencia organizada, incrementando las penas para los responsables.

Como ejemplo citó el caso del presunto líder criminal Ernesto Cepeda, alias Sierra 1, recientemente detenido.

"Si este ya fuera un delito, Sierra 1 enfrentaría, aparte de los delitos que se le imputan como extorsión, secuestro y otros más, otro delito más; habría un concurso de delitos y para la autoridad sería más fácil castigarlo y también para el juzgador tendría la posibilidad de sentenciarlo a más años de cárcel", sostuvo.

Tras su presentación ante el Congreso del Estado, la propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia, donde actualmente se encuentra en análisis para su eventual dictaminación.