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MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2026.– En plena rebelión de Raúl Morón Orozco contra las decisiones de Morena, un personaje con antecedentes penales por su participación en una red de explotación sexual en Estados Unidos reapareció entre los asistentes al Consejo Político Estatal del Partido del Trabajo (PT), celebrado el viernes en Morelia, donde esa fuerza política ratificó su respaldo al senador con licencia rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
Se trata de Ramón Raudel Campos Murillo, conocido como El Chilango, extesorero municipal de Tacámbaro, cuya trayectoria incluye una orden de aprehensión federal, varios años como prófugo de la justicia estadounidense, una extradición desde México y una sentencia de prisión por delitos relacionados con la prostitución interestatal.

El exfuncionario aparece sonriente, en primera fila, vestido con un chaleco rojo del PT, portando una acreditación partidista y levantando una tarjeta con la palabra «Sí», durante una de las votaciones de la asamblea.
Las fotografías, publicadas en la página oficial del PT en Michoacán, muestran su participación en el encuentro que sirvió de plataforma para que Morón endureciera su confrontación con Morena y desconociera la legitimidad del procedimiento que favoreció a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Cuarta Transformación.
La presencia de Campos Murillo llama la atención y adquiere relevancia por la gravedad de sus antecedentes judiciales y porque el mismo partido que exige transparencia y legitimidad en la selección de sus aliados mantiene en sus actividades políticas a un personaje cuya historia llegó hasta los tribunales federales de Estados Unidos.
Una red de explotación sexual
El caso de Campos Murillo está lejos de reducirse a rumores o acusaciones políticas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que, entre 2009 y 2010, participó junto con otras personas en una organización dedicada al tráfico sexual que operaba en Virginia, Maryland, Washington, Delaware y otras jurisdicciones.
Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, en 2010 colaboró en el traslado de una joven desde Maryland hacia distintas localidades de Virginia, donde debía realizar actos sexuales a cambio de dinero.
La organización movilizaba mujeres para atender clientes en diferentes ciudades estadounidenses. Algunas llegaban a recibir hasta 30 hombres diariamente, por servicios de 15 minutos que costaban 30 dólares.
Los conductores se encargaban de cobrar el dinero y las mujeres recibían solamente la mitad de las cantidades obtenidas.
Las autoridades estadounidenses acusaron formalmente a Campos Murillo en 2011 y emitieron una orden de arresto. De acuerdo con la declaración de uno de sus cómplices, huyó hacia México después de que otros integrantes de la organización comenzaron a enfrentar procesos penales.
Fue localizado en territorio mexicano en 2021 y extraditado a Estados Unidos en 2022.
El 2 de septiembre de ese año, la jueza federal Leonie M. Brinkema lo sentenció a 18 meses de prisión por complicidad en el transporte de una mujer con fines de prostitución.
La investigación federal estadounidense describió una organización dedicada al tráfico sexual, y la condena individual acreditada contra Campos Murillo correspondió al delito de transporte con fines de prostitución, no a una sentencia genérica por todos los actos atribuidos a la organización.

Por lo menos otros siete involucrados recibieron condenas por delitos relacionados con el tráfico sexual, según el Departamento de Justicia.
En el expediente federal número 1:11-cr-578 quedaron documentados los antecedentes que posteriormente desataron el escándalo político en Michoacán.
Del expediente penal a las finanzas municipales
Pese a ese historial, Campos Murillo reapareció en la administración pública mexicana en septiembre de 2024, cuando asumió la Tesorería Municipal de Tacámbaro, durante el gobierno del alcalde Salvador Bastida García, surgido de la alianza Morena-PT-PVEM.
Su nombramiento colocó el manejo de los recursos públicos municipales en manos de un hombre que había enfrentado una condena federal en Estados Unidos.
El 23 de noviembre de 2024, después de que medios nacionales difundieron sus antecedentes, el hoy promotor de Raúl Morón presentó su renuncia en una conferencia de prensa acompañado por el presidente municipal.
Campos Murillo rechazó las acusaciones, aseguró que se trataba de información falsa y mostró documentos que, según dijo, acreditaban que no tenía problemas legales.
Sin embargo, el comunicado oficial del Departamento de Justicia estadounidense, publicado el 2 de septiembre de 2022, establece expresamente la sentencia de prisión dictada en su contra.
Durante su despedida de la Tesorería, Campos Murillo aseguró que no era el monstruo que se describía en internet y sostuvo que se retiraba para evitar afectaciones a la administración municipal.
Su salida, sin embargo, tampoco significó el final de su trayectoria política.
Durante 2026 fue identificado en publicaciones periodísticas como dirigente municipal del PT en Tacámbaro, municipio donde la actividad del crimen organizado y la violencia política adquirieron dimensiones particularmente graves.
El 5 de junio de 2025 fue asesinado el alcalde Salvador Bastida García, quien había acompañado públicamente a Campos Murillo durante su controvertida renuncia.
Morón desafía a Morena desde el PT
La reaparición de Campos Murillo ocurre en uno de los momentos más tensos de la disputa por la gubernatura michoacana de 2027.
Desde el 14 de septiembre, cuando Carlos Torres Piña fue designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, Raúl Morón emprendió una ofensiva para cuestionar la legitimidad del procedimiento interno de Morena.
El senador con licencia ha denunciado que no existen garantías sobre la metodología de las encuestas y ha acusado a sectores del partido y del gobierno estatal de intervenir para favorecer a su adversario.
Durante el Consejo Político Estatal del PT, Morón volvió a cuestionar los resultados y sostuvo que desde el gobierno y la estructura partidista se acomodaron los números para imponer una decisión previamente definida.
La confrontación alcanzó un nuevo nivel cuando Reginaldo Sandoval Flores, dirigente petista y coordinador de sus diputados federales, advirtió que resultará difícil mantener la unidad electoral con Morena si no se repite la encuesta.
El PT ratificó por unanimidad a Morón como coordinador estatal de afiliación y presentó mediciones propias con las que pretende demostrar que el senador cuenta con mayor respaldo que Torres Piña.
Por su parte, Morón anunció movilizaciones en las cabeceras municipales entre el 12 y el 15 de noviembre para presionar por la reposición del procedimiento.
El desafío tiene una particularidad: Morón no ha renunciado a Morena ni ha declarado una ruptura con la Cuarta Transformación. Por el contrario, sostiene que su lucha busca reivindicar los principios del movimiento y que pretende encabezar su proyecto electoral en Michoacán.
Así, mientras el partido oficialista considera concluido el procedimiento interno, su aliado petista abrió un frente de presión política para reabrir la definición.
Fotografías políticamente incómodas
En medio de esa confrontación, la participación de Campos Murillo añade otra controversia al encuentro.
Las fotografías difundidas muestran que el ex tesorero de Tacámbaro participó públicamente en la asamblea petista y levantó una tarjeta de aprobación durante una de las votaciones.
La contradicción política resulta evidente: mientras la dirigencia petista exige limpieza, transparencia y legitimidad en las decisiones de Morena, en sus propias filas participa un exfuncionario que recibió una condena federal por su intervención en una organización vinculada con la explotación sexual.
La asamblea del viernes dejó dos imágenes políticamente significativas: la de Morón confrontando la decisión de su propio partido, respaldado por el PT, y la de un exconvicto por delitos vinculados con la explotación sexual participando en el mismo encuentro.
La primera retrata la fractura que amenaza la unidad de la Cuarta Transformación en Michoacán. La segunda abre un debate sobre los antecedentes de quienes integran las estructuras políticas que hoy disputan su conducción.




