Protesta de Colectivo NiUnoMás paraliza al Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich., 28 de mayo de 2025.- En una escena inusual y tensa en el Congreso de Michoacán, periodistas del Colectivo NiUnoMás interrumpieron la sesión legislativa para exigir el retiro del punto 39 del orden del día, correspondiente al dictamen de reforma penal por apología del delito, al considerar que atenta contra la libertad de expresión.

A gritos los periodistas del Colectivo corearon “¡Que se baje, que se baje!” y “¡Queremos parlamento abierto!”, mientras pegaban cartulinas en los barandales del recinto con consignas como “Informar no es delito”, “Exigimos libertad de expresión”, “No a la censura” y “Estamos en contra de que se criminalice la expresión de opiniones”.

La presión de los comunicadores llevó a que la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fabiola Alanís Sámano, solicitara un receso para atender las demandas, aunque ella misma ha sido una de las principales impulsoras del dictamen y sostiene que el documento no contiene elementos de censura.

La sesión se convirtió en una confrontación abierta entre posiciones políticas encontradas. El primero en tomar la palabra fue el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, quien presentó una moción suspensiva para que el dictamen fuera devuelto a comisiones y discutido con seriedad.

“Estamos sentando un precedente gravísimo: censurar contenidos, controlar discursos. Eso es legislar desde el miedo y desde una visión punitiva que atenta contra libertades fundamentales”, advirtió.

Barragán alertó que, de aprobarse en sus términos, la reforma abriría la puerta a que cualquier crítica, manifestación artística o expresión periodística pueda ser considerada apología del delito.

“La violencia no nace de la música, nace de la desigualdad, la impunidad y el abandono del Estado”, expresó al citar indirectamente posturas como la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También se manifestó en contra del dictamen la diputada del PAN, Vanessa Caratachea, quien denunció que fue excluida de la discusión en comisiones, a pesar de haber solicitado participar formalmente.

“No puede haber un dictamen legítimo sin pluralidad, sin análisis técnico, sin escuchar a todas las voces representadas en este Congreso”, afirmó.

La diputada de Morena, Sandra Olimpia Garibay, también expresó su preocupación por la forma en que se procesó el dictamen, al considerar que no hubo el diálogo necesario ni el análisis riguroso que requiere un cambio de esta magnitud en materia penal.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo, respaldó públicamente la moción suspensiva, y advirtió que la redacción del dictamen presenta ambigüedades que pueden poner en riesgo el derecho a la información y la labor periodística.

La diputada de Morena Sandra Olimpia Garibay, advirtió que el artículo 163 Quinques del dictamen, que sanciona la provocación o apología del delito sin definir con claridad qué constituye una expresión punible.

¿Una crítica, una mención histórica, una expresión artística?”, cuestionó. También advirtió sobre la redacción del artículo 24, fracción novena, que considera autores del delito a quienes expresen ideas o argumentos que incentiven la criminalidad, sin establecer criterios objetivos.

Advirtió que dicha redacción puede generar censura previa y autocensura, ya que periodistas, activistas o académicos podrían abstenerse de hablar sobre crimen organizado, violencia o corrupción por miedo a ser sancionados. “Esto vulnera la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado independiente Alejandro Bautista Tafolla solicitó que el dictamen fuera retirado del orden del día para ser discutido junto con otras dos iniciativas previamente presentadas sobre el mismo tema, incluyendo una de su autoría.

Estoy seguro de que el Gobernador no está a favor de malas prácticas dentro de este Congreso”, dijo.

La sesión fue suspendida con el decreto de un receso de 15 minutos, pero el reclamo social quedó marcado: los comunicadores no aceptaron reunirse con la Jucopo y exigieron que el diálogo se dé en público, no en privado ni en simulación.

Mientras tanto, la reforma sigue sin votarse, pero la tensión política en el Congreso revela una fisura en el debate entre libertades fundamentales y control punitivo del discurso.