Prevén reglas claras y sanciones precisas para próximos comicios

.MORELIA, Mich., 9 de mayo de 2020.- Una contienda equitativa, con reglas claras y sanciones precisas a los partidos políticos y a los actores que no las acaten, así como a los funcionarios o representantes populares que pretendan utilizar recursos públicos para su promoción, es el eje del dictamen que se está elaborando en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado.

El diputado Eduardo Orihuela, integrante de esa Comisión dijo que si bien no será una gran reforma si se abordan los temas de interés como la violencia política de género, los de innovación tecnológica como el voto electrónico, la propaganda electoral y las condiciones en las que operan los órganos electorales.

“La democracia mexicana ha venido en un proceso de consolidación desde los 90 y ha tenido una constante evolución y perfeccionamiento tanto de los órganos como de la legislación en la materia, pero sin duda alguna estamos en un escenario donde hay un gobierno qué ha decidido concentrar poder, recursos y que ha intentado devaluar y desarticular a los órganos autónomos.

“Para nosotros debe ser un tema fundamental para fortalecer la democracia en Michoacán, es un cometido que tiene que ir a contrasentido de lo que sucede a nivel Federal nosotros creemos que debemos contar con órganos electorales fuertes, tanto el Instituto como el Tribunal, con los recursos y las condiciones para sancionar y para darnos equidad a los partidos políticos y a los actores políticos”.

Es por eso que rechazó que estén elaborando un dictamen sobre las rodillas y a contrarreloj, aunque si aceptó el retraso que tienen primero por la muerte del diputado Érik Juárez, luego por la parálisis provocada por la pandemia de la Covid 19, que afectaron los trabajos como Comisión, pero aseguró que el próximo martes estará listo el dictamen.

Incluso, dijo que ya está acordado en la Junta de Coordinación Política convocar a sesión presencial para el 14 de mayo para someterlo a consideración y votación del pleno, enviar el decreto al Ejecutivo estatal que tiene 10 días para hacer observaciones y, en ese supuesto atenderlas para que estén publicadas en el Periódico Oficial a fines de este mayo.