Plantean diagnósticos de movilidad indígena cada 5 años en Michoacán

MORELIA, Mich., 18 de mayo de 2026.- La Comisión de Movilidad y Comunicaciones del Congreso de Michoacán analiza una iniciativa que obligaría al estado a realizar diagnósticos de movilidad y seguridad vial cada cinco años en comunidades indígenas, rurales y afromexicanas, con el objetivo de medir rezagos territoriales, tiempos de traslado, acceso a servicios básicos y necesidades reales de infraestructura en zonas históricamente excluidas de la planeación pública.

La propuesta busca reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado para incorporar un modelo de planeación basado en estudios territoriales y socioculturales diferenciados, bajo la premisa de que el crecimiento urbano y poblacional de Michoacán ha dejado profundas desigualdades entre las ciudades y numerosas comunidades rurales e indígenas.

La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Alejandro Iván Arévalo Vera, quien sostsiene que las actuales políticas públicas en materia de movilidad presentan “áreas de oportunidad” y retos pendientes para garantizar el derecho efectivo al transporte y al desplazamiento seguro en todos los municipios y comunidades del estado.

El proyecto legislativo parte de un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Intercultural Indígena del Estado de Michoacán, con participación de técnicos y autoridades comunitarias, en el que se identificó un desarrollo desigual entre comunidades rurales y urbanas en materia de movilidad, transporte e infraestructura vial.

La exposición de motivos señala que muchas comunidades enfrentan dificultades para trasladarse a centros de salud, escuelas, fuentes de empleo o espacios de abasto, debido a la falta de infraestructura adecuada, rutas eficientes y políticas públicas diseñadas desde la realidad territorial de las regiones indígenas y rurales.

Por ello, la reforma propone que el Programa Estatal de Movilidad y Seguridad Vial deje de construirse únicamente desde criterios generales y urbanos, y se sustente en procesos participativos que incorporen las voces de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas con discapacidad y habitanted de territorios rurales e insulares.

Uno de los cambios centrales consiste en modificar el artículo 4 de la ley para establecer que dichos diagnósticos deberán realizarse obligatoriamente al menos cada cinco años y servirán como herramienta para priorizar programas, proyectos e inversión pública en materia de movilidad e infraestructura.

La iniciativa plantea que estos estudios incluyan análisis cualitativos y cuantitativos sobre movilidad motorizada y no motorizada, distancias recorridas, tiempos de traslado, consumo de energía, gasto económico asociado al transporte y efectos ambientales derivados de la movilidad.

Además, propone medir cómo las condiciones de movilidad impactan el acceso de la población a servicios de salud, educación, empleo y servicios básicos, incorporando perspectiva de género y enfoques interculturales.

El documento advierte que actualmente el desarrollo de infraestructura y transporte no responde necesariamente a las necesidades reales de las comunidades más alejadas o marginadas, lo que provoca rezagos en conectividad y limita el desarrollo integral de miles de habitantes fuera de las zonas urbanas.

En el artículo 16 de la ley, la reforma propone que las autoridades estatales y municipales impulsen políticas públicas de movilidad y seguridad vial con base en esos diagnósticos territoriales diferenciados, priorizando las características socioculturales de cada región y promoviendo infraestructura para movilidad activa y segura.

También plantea que dichas acciones incluyan mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura vial y peatonal, en un contexto donde numerosas comunidades rurales enfrentan deterioro carretero, falta de conectividad y ausencia de condiciones seguras para el traslado cotidiano.

Otro de los puntos relevantes de la iniciativa es el fortalecimiento de los Observatorios Ciudadanos en materia de movilidad y seguridad vial, previstos en el artículo 72 de la legislación estatal.

La propuesta busca ampliar su integración obligatoria para incluir representación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, instituciones académicas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y organismos empresariales vinculados al transporte y la movilidad.

De aprobarse, estos observatorios podrían emitir recomendaciones sobre diagnósticos realizados en poblaciones históricamente vulneradas y orientar acciones, proyectos e infraestructura en los territorios que identifiquen mayores rezagos o necesidades prioritarias.

La iniciativa se encuentra actualmente en análisis legislativo en la Comisión de Movilidad y Comunicaciones del Congreso local, en medio de un contexto en el que distintas regiones indígenas y rurales de Michoacán continúan denunciando problemas de conectividad, falta de transporte público y dificultades de acceso a servicios esenciales.