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MORELIA, Mich., 26 de agosto de 2020.- La inclusión del principio del mínimo vital en la Constitución estatal, para que el Estado garantice las condiciones mínimas para que toda persona pueda desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática, propuso al pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado la diputada Gabriela Ceballos.
El mínimo vital es un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, pues “constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”.
La diputada del Partido Acción Nacional señaló que la primera Sala de la Suprema Corte, ya resolvió que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles, para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.
“Buscamos que se garanticen los requerimientos básicos indispensables para asegurar la subsistencia digna de la persona y su familia, requerimientos como salud, vivienda, seguridad social, educación, alimentación; por tanto, estaremos ante la obligación del Estado de que, en la medida de las posibilidades reales de los medios con que cuenta, lleve a cabo todas las medidas legislativas, administrativas y especialmente las políticas públicas a su alcance para garantizar ese derecho”.
Ceballos aclaró que el mínimo vital no es una herramienta de elecciones ni una medida populista, tampoco es un pase automático mediante la cual el ciudadano pueda exigir una prestación económica al Estado.
“El derecho al mínimo vital sólo implica la obligación del Estado, de promover la igualdad de real y efectiva en la repartición de los recursos públicos, busca que cuando hagamos políticas públicas, cuando incluso hagamos desde antes la oferta electoral, seamos responsables y no caigamos en la tentación de prometer cosas que no busquen reducir esa desigualdad, de reducir esa brecha”, preciso.




