No se tolerarán actos indebidos ni ilegales de servidores públicos: PJM

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2026.- En el nuevo Poder Judicial de Michoacán no se tolerará ningún acto indebido, conducta contraria a la ley, ni hecho de corrupción, por parte de personas servidoras públicas, afirmó el magistrado presidente Hugo Gama Coria, al destacar que la reciente reforma constitucional tuvo como objetivo eliminar este tipo de prácticas mediante la creación de un Tribunal de Disciplina con autonomía técnica y funcional.

De acuerdo con un comunicado, señaló que dicha reforma dotó al Poder Judicial de Michoacán de un órgano especializado encargado de analizar, revisar, investigar, sustanciar y resolver las conductas de las personas servidoras públicas, garantizando que su actuación se apegue estrictamente al marco normativo y a los principios del debido proceso.

Gama Coria explicó que la materia de responsabilidades administrativas guarda analogía con el sistema penal, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en estos procedimientos deben protegerse los derechos humanos fundamentales, tanto de las personas denunciantes como de las probables responsables, entre ellos el derecho a la debida defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

En este contexto, destacó que con la firma del convenio con el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) se fortalece de manera particular el derecho a la debida defensa de las y los servidores públicos del Poder Judicial de Michoacán que formen parte de un procedimiento o investigación administrativa, al contar con defensa jurídica profesional a cargo de abogados especializados del TAAM.

Finalmente, subrayó que el mensaje para todo el personal de la institución es claro: no se permitirán actos indebidos de ninguna naturaleza; no obstante, el Tribunal de Disciplina Judicial, en ejercicio de su autonomía técnica, deberá conocer y resolver todos los asuntos que se le presenten garantizando plenamente los derechos humanos y el debido proceso de los probables responsables, conforme a lo establecido en la legislación aplicable.