Michoacán: lamento retórico de diputados por caso de intérpretes de LSM

MORELIA, Mich., 4 de febrero de 2026.- Tras un minuto de silencio por el asesinato de los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), Anayeli Hernández León y Víctor Mujica, así como de su hija Megan, el Congreso de Michoacán acumuló posicionamientos de condena, llamados a la justicia y una que otra autocrítica, sin que se fijara un pronunciamiento institucional ni compromisos concretos con mejorar las condiciones laborales de este sector.

Este día un cuadro con un arreglo floral con la fotografía de la familia asesinada fue colocado al centro del salón de sesiones; en lo alto, la pantalla verte desde donde Víctor y Anayeli realizaban su trabajo como intérpretes de LSM lució vacía y con insignias de luto; en lugar de ellos, otros colegas hicieron el trabajo.

La primera en pedir la palabra fue la diputada Xóchitl Ruiz, del partido Verde, quien calificó el crimen como una “grave vulneración a los derechos humanos, al derecho a la vida y a la dignidad humana”, y llamó a la Fiscalía General del Estado a continuar las investigaciones “con debida diligencia reforzada”, considerando “el contexto de vulnerabilidad de las víctimas y el impacto diferenciado que estos hechos tienen sobre la comunidad sorda”.

Desde su curul Legisladora ofreció acompañamiento institucional desde el Congreso, al tiempo que solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para garantizar “el acompañamiento integral a las víctimas indirectas, la adopción de medidas de protección y la reparación integral del daño”.

En un tono más autocrítico, la coordinadora parlamentaria del PAN, Teresita Herrera Maldonado, sostuvo que el dolor “no puede quedarse únicamente en palabras ni en minutos de silencio”, y exhortó a sus pares a revisar el trabajo legislativo pendiente.

“Preguntémonos cuántos asuntos están pendientes, cuántas iniciativas siguen en la mesa esperando ser aprobadas para mejorar las condiciones de seguridad y de vida de las y los michoacanos”, expresó.

La priísta Adriana Hernández Huirache planteó que el asesinato de los intérpretes “nos compromete a replantear nuestra forma de hacer política” y llamó a dejar de lado diferencias partidistas para “recuperar el valor de la vida y el respeto a los demás”, al tiempo que exigió “justicia ejemplar” para los responsables.

Desde el Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza reconoció la pronta detención de uno de los probables responsables y vinculó el caso con pendientes legislativos, al señalar que el homicidio vuelve a colocar en la discusión pública la Ley de Búsqueda de Personas, que permanece en comisiones, así como la necesidad de avanzar en una Ley de Desplazamiento Forzado.

Por Morena, la diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla afirmó que no debe haber impunidad y aseguró que desde el Congreso se ha dado acompañamiento permanente a la familia, además de confiar en que las investigaciones llegarán “a la profundidad” necesaria para esclarecer los hechos.

En la que fue quizá la intervención más puntual, la diputada Belinda Hurtado, de la 4T, pidió garantizar que los deudos reciban de manera oportuna las prestaciones y apoyos que les corresponden, al advertir antecedentes de retrasos de meses o incluso años en casos similares. Solicitó directamente al área de Finanzas evitar que las familias “anden dando vueltas” en medio del duelo.

El diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla se desmarcó del tono general al reiterar su postura a favor de la pena de muerte para asesinos y criminales, propuesta que reconoció como “escandalosa”, pero que consideró necesaria como respuesta a hechos de esta naturaleza.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar, llamó a no dejar solos a la comunidad sorda y subrayó que lo ocurrido “nos duele, nos indigna y nos interpela como sociedad, pero también como Estado”.

Pese a la sucesión de condenas, exigencias y llamados a legislar, durante la sesión no hubo alusión ni compromiso alguno respecto a las condiciones laborales en las que se desempeñaban los intérpretes asesinados, quienes en vida exigieron mejores condiciones de trabajo dentro del propio Congreso.

Tampoco se abordó la precariedad salarial que enfrentan los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en el Legislativo, con percepciones de alrededor de cuatro mil pesos quincenales, sin oficina ni prestaciones.

La Mesa Directiva, encabezada por la diputada morenista Giulianna Bugarinni Torres, se limitó a convocar al minuto de silencio y dio paso a los posicionamientos individuales, sin fijar una postura institucional del Congreso ni anunciar acciones concretas hacia la comunidad sorda, a la que los ahora asesinados dedicaron su trabajo cotidiano. La sesión legislativa siguió adelante, como cualquier otro día.