Michoacán: experto ve riesgos de perversión en reelección de jueces

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2026.- La eventual reelección de jueces y magistrados en Michoacán podría convertirse en un mecanismo que incentive la subordinación del Poder Judicial al poder político, cierre espacios a nuevas generaciones de juristas y profundice la pérdida de independencia de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia, advirtió el académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Jorge Álvarez Banderas.

En entrevista con Quadratín, a pregunta expresa, el profesor investigador titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH cuestionó la figura de la reelección judicial que comenzó a discutirse en Michoacán tras la presentación de la iniciativa de armonización de la reforma judicial federal impulsada por Morena.

La propuesta, turnada esta semana a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, contempla trasladar la próxima elección judicial de 2027 a 2028, crear una Comisión Coordinadora Estatal para la selección de aspirantes, establecer exámenes técnicos obligatorios y permitir la elección consecutiva de personas juzgadoras.

Para Álvarez Banderas, el principal problema es que se pretende justificar la permanencia en el cargo bajo argumentos de experiencia y profesionalización que, desde su perspectiva, no necesariamente garantizan independencia judicial. “No les va a dar independencia, porque ellos van a estar cuidando su silla”, afirmó.

El académico recordó que la reelección fue una figura prohibida durante décadas en México y posteriormente fue incorporada para alcaldes y legisladores bajo una lógica democrática que permitiera a la ciudadanía premiar o castigar el desempeño de sus representantes mediante el voto.

“En una sociedad democrática constitucional de derecho no se ve mal el tema de la reelección en cargos populares para que la ciudadanía pueda evaluar el buen desempeño de las personas que administran un municipio o que legislan”.

Sin embargo, sostuvo que esa lógica no puede trasladarse automáticamente al Poder Judicial, porque la naturaleza de los impartidores de justicia es distinta a la de quienes ocupan cargos políticos. “En Poder Ejecutivo y en Poder Legislativo sí; en Poder Judicial no”.

El también doctor en Derecho y especialista en temas jurídicos y administrativos, explicó que jueces y magistrados deben mantenerse alejados de intereses políticos y electorales porque son quienes resuelven controversias entre ciudadanos y autoridades.

“El impartidor de justicia es precisamente una persona imparcial y pierde esa imparcialidad. ¿Por qué? Porque obedece a un interés”. Desde su perspectiva, el problema de fondo no es únicamente la reelección, sino el nuevo modelo judicial derivado de la reforma federal aprobada en 2024.

Álvarez Banderas sostuvo que la modificación constitucional alteró el equilibrio entre poderes que había caracterizado al sistema mexicano durante décadas. “La división de poderes se perdió”.

Recordó que históricamente los integrantes del Poder Judicial eran seleccionados mediante procedimientos distintos a los del Ejecutivo y Legislativo precisamente porque su función consistía en actuar como contrapeso frente a ambos.

“Los otros dos poderes los elige la población y estos se regían de una manera distinta porque precisamente son los que van a evaluar las controversias que los gobernados les presenten y para ello deben tener independencia”.

El profesor de la Facultad de Derecho de la UMSNH incluso comparó el momento actual con uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del Poder Judicial mexicano.

Control del Poder Judicial, un golpe de Estado

Álvarez Banderas recordó que cuando Ernesto Zedillo impulsó la reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996, diversos sectores académicos hablaron de un golpe de Estado técnico debido a la magnitud de los cambios institucionales.

“Si en aquel tiempo se habló de un golpe de Estado, lo que sucedió con la reforma al Poder Judicial del 15 de septiembre de 2024 no hay otra manera de llamarlo distinto”.

Uno de los argumentos centrales utilizados por Morena para justificar la posibilidad de reelección es que la continuidad permitirá consolidar perfiles con mayor experiencia, capacitación y especialización. Sin embargo, el investigador cuestionó severamente esa premisa.

“No, porque llegaron sin conocimiento”, respondió cuando se le preguntó si la permanencia garantiza experiencia e independencia. Según explicó, la reforma desplazó a integrantes del Poder Judicial que habían desarrollado una carrera profesional durante años dentro de juzgados y tribunales.

“Expulsaron a jueces y magistrados que tenían una carrera, que se habían formado en los tribunales”. Por ello consideró contradictorio utilizar ahora la experiencia como justificación para conservar a quienes apenas comienzan a desempeñar esos cargos.

“Estos no se formaron, estos llegaron, arribaron y ahí van a aprender. ¿Y ahora los quieres conservar? ¿Y por qué no conservaste a los que ya tenías?”.

Desde su perspectiva, la idea original de la reforma no estaba enfocada en profesionalizar la impartición de justicia, sino en modificar la integración de la Suprema Corte, aunque posteriormente terminó extendiéndose a todo el aparato judicial.

“La idea primigenia era cambiar a los ministros de la Corte, pero cuando enviaron la propuesta dijeron: de una vez a todos”.

El académico advirtió además que la reelección puede generar incentivos perversos para quienes ocupen esos cargos, pues la permanencia dejaría de depender exclusivamente de criterios jurídicos y comenzaría a relacionarse con factores políticos.

Jueces con lealtad a los votos, no a la justicia

“Ellos van a seguir cuidando su silla”. Cuando se le preguntó cómo podrían evitar ser removidos, respondió: “Mientras no falles en contra del sistema”.

Álvarez Banderas también cuestionó la legitimidad democrática de las elecciones judiciales realizadas recientemente. Consideró que la baja participación ciudadana y la influencia de los llamados acordeones electorales evidenciaron que el proceso estuvo lejos de representar una decisión plenamente informada por parte de la población.

“Es prácticamente un sofisma pensar que la elección es algo genuino, que un pueblo que no se volcó en las urnas decidió quién podía estar ahí”. Afirmó además que la mayoría de los ciudadanos no muestra interés en participar en la elección de jueces y magistrados.

“A la población no le interesa ir a una elección por jueces y magistrados”. Incluso cuestionó por qué no se plantean mecanismos como una segunda vuelta electoral o requisitos mínimos de participación que otorguen mayor legitimidad a quienes resulten electos.

“¿Por qué mejor no meten un tema de segunda vuelta en donde mínimo se necesite un determinado porcentaje para poder tener una legítima elección? Obviamente no les va a dar”.

Elección y reelección judicial, una regresión

Sobre la iniciativa que actualmente analiza el Congreso de Michoacán, consideró que reproduce prácticamente la misma lógica impulsada desde el gobierno federal.

“Lo que están haciendo es seguir una línea que viene desde el centro”. También estimó que la mayoría legislativa de Morena vuelve poco probable que existan modificaciones sustanciales durante la discusión parlamentaria.

“Michoacán no está exento de ello porque tienen mayoría, son oficialistas y evidentemente van a seguir la tónica del ámbito federal”. Interpretó además el aplazamiento de la elección judicial local de 2027 a 2028 como una señal de que el propio modelo enfrenta dificultades operativas.

“Como que no nos funcionó el juego y mejor vamos a aventarla para el 2028 porque va a haber muchas boletas y se les va a hacer bolas el engrudo”.

Aunque reconoció que sus opiniones corresponden a una valoración académica y ciudadana, insistió en que observa un deterioro institucional que podría profundizarse conforme avance la implementación de la reforma judicial. “Lo que yo veo es una regresión plena”, dijo.

Finalmente, Álvarez Banderas advirtió que el debate sobre la reelección judicial en Michoacán no se limita a determinar cuántos años puede permanecer una persona en el cargo. A su juicio, la discusión de fondo está relacionada con la independencia del Poder Judicial y con la existencia de contrapesos efectivos dentro del sistema democrático.

“Es una situación totalmente preocupante porque entonces nos convertimos en un Estado absolutista donde no hay división de poderes”, concluyó.