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MORELIA, Mich., 7 de agosto de 2025.- La diputada del PAN Vanessa Caratachea Sánchez cuestionó el destino de los 35 millones de pesos, etiquetados para la construcción de un Centro de Justicia para niñas, niños y adolescentes en Morelia, con cargo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues señaló que la obra no ha iniciado y se desconoce el destino del recurso.
En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia recordó que el proyecto fue presentado en el Pleno, incluso con publicidad oficial, y turnado también a la Comisión de Urbanismo y Obra Pública, donde ella es integrante, pero fue retirado bajo el argumento de que se aportarían más elementos técnicos.
“El Secretario Ejecutivo nos comentó por oficio que no se le giró presupuesto ni nada para esta construcción”, señaló, al recordar que el recurso para la construcción de dicjo centro de justicia para menores fue aprobado por el Congreso de Michoacán en el Presupuesto 2024.
Caratachea advirtió que el mandato legislativo era explícito: el recurso debía destinarse a la construcción del Centro en la capital michoacana. “Él nos tiene que informar cuál es la justificación de por qué no se construyó, no nosotros buscar su justificación. Se le dio un mandato y no lo hizo”, reclamó.
La Legisladora puntualizó que el diseño original contemplaba únicamente la edificación, sin prever recursos para operación, lo que haría inviable su funcionamiento.
“Se necesitaba de todas las instancias, de DIF, de Fiscalía y demás dependencias; si llegaba un niño había que ver quién prestaba médico, psicólogo, así no iba a ser operante”, explicó.
Aseguró que, más allá de buscar responsables, la prioridad es que el Centro se construya por el beneficio que representaría para evitar la revictimización de menores y ofrecer atención integral en casos de violencia y delitos.
No obstante, dejó claro que se solicitará un informe sobre el destino del dinero y las razones por las que el Secretariado Ejecutivo no cumplió el mandato del Congreso.
En caso de no obtener respuesta, adelantó que se analizará la ruta jurídica para convocar a comparecer a los funcionarios involucrados y, de ser necesario, instalar una mesa técnica que defina los pasos para reactivar el proyecto.
“Es un beneficio para un sector que representa prácticamente un tercio de la población de Michoacán; no podemos permitir que por un tema personal o político se frene”, sentenció.
Caratachea subrayó que la omisión del Ejecutivo es grave, pues se trata de recursos etiquetados que debieron ejecutarse en tiempo y forma. “Cualquier autoridad que no cumpla con un mandato del Congreso incurre en responsabilidad”, reiteró.




