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MORELIA, Mich., 3 de junio de 2026.- La bancada de Morena en el Congreso de Michoacán abrió la puerta a la reelección de jueces y magistrados, figura que permitiría extender la permanencia de personas juzgadoras hasta por 18 años en algunos casos, como parte de una iniciativa de armonización de la reforma judicial federal que fue turnada este miércoles a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La propuesta, suscrita por los 14 integrantes del grupo parlamentario morenista y presentada en tribuna por la coordinadora Fabiola Alanís Sámano, aplaza la próxima elección judicial estatal de 2027 a 2028.
Pero no sólo eso, sino que incorpora mecanismos prara permitir la elección consecutiva de integrantes del Poder Judicial, que no es otra cosa que la reelección, además de establecer filtros técnicos obligatorios y crear una instancia coordinadora para la selección de candidaturas.
En entrevista posterior a la presentación de la iniciativa por parte de la dipitada Fabiola Alanís, coordinadora parlamentaria, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, confirmó que la posibilidad de reelección forma parte de los temas que deberán discutirse durante el análisis legislativo.
“Sí, sí, sí es posible”, respondió al ser cuestionada sobre si Michoacán podría adoptar el mismo esquema aprobado recientemente a nivel federal. La Legisladora explicó que actualmente existen cargos judiciales con periodos de nueve años, aunque algunos fueron ajustados a ocho para empatar el calendario de la reforma judicial.
“Está establecido para los jueces nueve años y se ajustó a ocho por el tema de empatar la elección con esta del 2027”. A pregunta expresa sobre si una persona juzgadora podría volver a competir al concluir su encargo, respondió: “Pues sí, de acuerdo a lo que pasó a nivel federal, así es”.
La iniciativa presentada por Morena respalda esa ruta. De hecho, establece expresamente que magistrados, magistradas, jueces y juezas en funciones que busquen la elección consecutiva para el mismo cargo quedarán exentos del examen técnico obligatorio exigido al resto de los aspirantes, pues su idoneidad se acreditará mediante la evaluación de su desempeño.
Rivera Camacho sostuvo que la intención de la reelección no es perpetuar personas en el cargo, sino fortalecer la experiencia y la calidad técnica de quienes imparten justicia.
“Hay un argumento que establece que la profesionalización al interior de ese poder también pasa porque puede haber continuidad en el desempeño del cargo y por eso esta discusión que se generó a nivel nacional”.
Según explicó, la lógica consiste en que la permanencia dependa del respaldo ciudadano y no de acuerdos internos o nombramientos políticos.
“La gente quiere que las personas que puedan estar en el Poder Judicial, que además de un cargo que tiene que ver con la impartición de justicia y que es muy importante para toda la sociedad, pueda tener esa posibilidad, pero que no deje de pasar por el escrutinio público”.
Añadió que la continuidad sólo sería posible mediante un nuevo proceso electoral.
“Se sujetan al proceso democrático y si la gente considera que el trabajo que han hecho es bueno, por lo menos por una ocasión pueden continuar ejerciendo el cargo”.
No obstante, durante la entrevista también se le planteó el riesgo de que una medida concebida para fortalecer la experiencia termine derivando en permanencias excesivas dentro del Poder Judicial y reduzca oportunidades para nuevas generaciones.
“El debate está ahí, mira, y yo creo que lo debemos seguir promoviendo socialmente y también legislativamente”.
Incluso recordó que México ha transitado históricamente por distintas posiciones respecto a la reelección.
“Es el ejercicio y el ejemplo de que nuestra sociedad es dinámica y nuestras leyes deben ajustarse a las condiciones”.
El eje central de la iniciativa consiste en trasladar la siguiente elección judicial local al primer domingo de junio de 2028.
La exposición de motivos argumenta que realizar simultáneamente la elección judicial con los comicios constitucionales de 2027 generaría una sobrecarga operativa para autoridades electorales y ciudadanía.
El documento sostiene que en 2027 coincidirían la renovación de gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales, ayuntamientos y cargos judiciales, lo que provocaría una complejidad excesiva para la organización electoral y para el propio ejercicio del voto.
Morena advierte incluso un posible escenario de “saturación logística”, con casillas duplicadas, desplazamientos adicionales para los votantes y procesos de escrutinio más complejos.
“Lo que cambia es mayor profesionalización, mayores filtros que garanticen que sean los mejores perfiles quienes van a participar y sobre todo cambia el año de la elección que no va a ser concurrente con esta elección del 27, sino que pasa al 28”, explicó Rivera Camacho.
La iniciativa establece además que la renovación de jueces será escalonada y que la mitad de los cargos pendientes se elegirán precisamente en 2028.
Uno de los hallazgos más relevantes del documento es que Morena propone eliminar el criterio basado en promedios académicos y sustituirlo por evaluaciones técnicas obligatorias.
Aunque en la entrevista Rivera Camacho habló de un promedio mínimo de ocho, el texto de la iniciativa plantea en realidad un examen técnico y jurídico obligatorio con calificación mínima de ocho puntos o su equivalente.
La exposición de motivos señala expresamente que la reforma busca erradicar criterios basadod únicamente en promedios académicos y privilegiar la acreditación de conocimientos especializados mediante evaluaciones elaboradas por la Escuela Estatal de Formación Judicial.
“Esto que permita presentar los mejores perfiles a la ciudadanía en el momento de la votación”, sostuvo la diputada.
Otro de los cambios planteados es la creación de una Comisión Coordinadora Estatal integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes.
Su función será unificar criterios de selección, verificar requisitos de elegibilidad y priorizar experiencia profesional y resultados de exámenes técnicos y jurídicos.
“Va a homologar los criterios de evaluación y de selección en torno a los requisitos de elegibilidad de los candidatos que quieran participar en el proceso”, explicó Rivera Camacho.
La iniciativa también adelanta la convocatoria para integrar candidaturas judiciales al mes de abril del año previo a la elección, con el propósito de ampliar los tiempos de revisión y evaluación.
La propuesta incorpora además un sistema obligatorio de actualización y capacitación permanente para personas juzgadoras, coordinado entre el Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Estatal de Formación Judicial.
La permanencia en el cargo y la posibilidad de competir nuevamente quedarían vinculadas al cumplimiento de esos programas de actualización.
Asimismo, modifica el mecanismo para cubrir vacantes definitivas. En caso de fallecimiento, renuncia, destitución o separación de una magistrada, magistrado, juez o jueza, el cargo permanecerá vacante hasta la siguiente elección y sólo podrá ser cubierto temporalmente mediante esquemas internos de suplencia.
Rivera Camacho adelantó que la iniciativa apenas inicia su ruta legislativa y que su dictaminación podría tomar varias semanas. “No, no, no, yo creo que esto va a dar un poquito para más tiempo, más discusiones”.
La Diputada añadió que durante el análisis en comisiones se revisará qué asprectos deben armonizarse obligatoriamente con la reforma federal y cuáles podrían ajustarse para el caso de Michoacán. “Vamos a revisar el decreto que establece la armonización”.




