Exhiben 4 desacatos de SCOP a jueza federal; piden por juicio político

MORELIA, Mich., 3 de junio de 2026.- Cuatro requerimientos judiciales ignorados, una suspensión definitiva presiuntamente desacatada y señalamientos de amenazas para desistirse de un amparo forman parte de la denuncia de juicio político que el abogado Jaime Mejía Garduño presentó contra el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

En entrevista realizada este miércoles en la sede del Congreso del Estado, el litigante acusó al funcionario estatal de colocarse por encima de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación al incumplir de manera reiterada órdenes emitidas por una jueza federal dentro de un juicio de amparo relacionado con estructuras publicitarias instaladas en puentes peatonales de Morelia.

"Ya van cuatro veces consecutivas que la jueza federal le dice cumple, cumple, cumple, cumple y no lo hace", sostuvo.

El conflicto se originó a finales de 2025, cuando una empresa que tenía en arrendamiento espacios publicitarios en puentes peatonales promovió un amparo al detectar actos que consideró arbitrarios por parte de personal identificado con chalecos de la SCOP, quienes presuntamente pretendían retirar estructuras y anuncios.

De acuerdo con Mejía Garduño, la jueza concedió primero una suspensión provisional y posteriormente una suspensión definitiva para evitar cualquier afectación a la posesión de los espacios mientras se resolvía el fondo del litigio.

Pese a ello, aseguró que la dependencia estatal retiró estructuras y publicidad aun cuando ya existía una orden judicial vigente.

"En cuanto le llega la orden, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas viola la suspensión definitiva", afirmó.

Según el abogado, posteriormente el Poder Judicial abrió un incidente por incumplimiento y concluyó que la suspensión sí había sido vulnerada, por lo que emitió requerimientos sucesivos para que la autoridad restituyera las condiciones previas.

El argumento central del juicio político, explicó, no gira  en torno a la publicidad, sino al presunto desacato de una autoridad administrativa frente a una resolución judicial.

"El Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia y la SCOP simplemente decide no cumplirla. Eso afecta la división de poderes y el Estado de derecho", señaló.

Durante la entrevista lanzó además acusaciones directas contra Zarazúa Sánchez.

Relató que después de promover el amparo fue citado a la oficina del funcionario, donde presuntamente recibió presiones para abandonar el litigio.

"Me mandó llamar Rogelio Zarazúa a su oficina. Estando solos él y yo me dijo: desístete del amparo", afirmó.

Según su versión, al negarse recibió advertencias relacionadas con posibles afectaciones patrimoniales.

"No tienes miedo a que con la Consejería Jurídica del gobernador te deje sin nada, porque te voy a quitar todo lo que tengas", aseguró que le expresó el funcionario.

Incluso sostuvo que mensajes similares fueron transmitidos posteriormente a su hijo.

Mejía Garduño también rechazó que la SCOP tuviera atribuciones directas para actuar sobre los espacios en disputa, al señalar que los puentes forman parte de una concesión otorgada por el Ayuntamiento de Morelia.

Recordó que la concesión fue renovada en 2021 luego de estudios estructurales y dictámenes de Protección Civil que acreditaron las condiciones de seguridad de las estructuras.

"La competencia es del Ayuntamiento. Si la SCOP consideraba que había irregularidades debió promover un procedimiento para revocar la concesión, no actuar por la fuerza", afirmó.

El litigante detalló que la empresa afectada explotaba comercialmente 23 puentes peatonales y que fueron retiradas 27 estructuras publicitarias instaladas en más de 11 de esos espacios.

Estimó que cada estructura tenía un valor aproximado de 80 mil pesos, por lo que el daño material rondaría los 4.5 millones de pesos, mientras que las pérdidas acumuladas superarían ya los 6.5 millones.

Aseguró además que la situación ha impactado directamente a más de 50 familias que dependen de esa actividad económica.

No obstante, insistió en que la pretensión principal no es económica. "Lo único que queremos es trabajar", reiteró.

El abogado sostuvo que ahora corresponderá al Congreso determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de juicio político contra el tritular de la SCOP por presuntas violaciones graves y reiteradas a resoluciones judiciales federales.

"Se está erigiendo como un poder superior al Poder Judicial al momento en que determina qué resoluciones se cumplen y cuáles no", acusó.