Michoacán: busca Congreso cargar al IEM integridad de candidatos 2027

MORELIA, Mich., 26 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán perfila trasladar al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) una nueva responsabilidad rumbo a las elecciones de 2027: operar una comisión auxiliar que canalice al Instituto Nacional Electoral las solicitudes de revisión sobre la integridad de perfiles de aspirantes a cargos públicos.

La propuesta será turnada este miércoles al Pleno como iniciativa con carácter de dictamen y plantea reformar el Código Electoral del Estado, prara crear la Comisión Auxiliar para la Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano temporal dependiente del Consejo General del IEM.

El proyecto fue impulsado por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso local, integrada por las diputadas Diana Mariel Espinoza Mercado y Fabiola Alanís Sámano, así como por los diputados Juan Carlos Barragán Vélez, Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa y Octavio Ocampo Córdova.

La iniciativa surge en medio de la discusión nacional sobre mecanismos para impedir que perfiles vinculados a actividades ilícitas lleguen a candidaturad  de elección popular, aunque el propio dictamen insiste en que la eventual comisión estatal no tendría facultades para investigar, vetar registros ni emitir resoluciones vinculantes.

“Su finalidad consiste exclusivamente en establecer un mecanismo auxiliar y administrativo de enlace institucional”, señala el documento legislativo.

La reforma propone adicionar los artículos 35 Bis y 35 Ter del Código Electoral local para establecer que la nueva comisión funcione únicamente durante los procesos electorales y sirva como enlace entre el IEM y la eventual Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE.

El texto establece que el órgano estaría integrado por tres consejerías electorales designadas por el Consejo General del IEM y que la Secretaría Ejecutiva del instituto fungiría como secretaría técnica.

En la exposición de motivos, los promoventes argumentan que “la integridad de los procesos electorales constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático mexicano” y sostienen que la confianza ciudadana “exige mecanismos institucionales que fortalezcan la transparencia, la legalidad y la coordinación entre autoridades”.

La iniciativa también se apoya en el contexto de violencia e inseguridad que enfrenta el país y particularmente Michoacán. El dictamen cita datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del Inegi, según la cual durante 2024 se estimaron 33.5 millones de delitos en México, con una tasa de 34 mil 918 delitos por cada 100 mil habitantes.

Para el caso michoacano, el documento refiere tasas de victimización de 16 mil 585 hombres y 16 mil 560 mujeres por cada 100 mil habitantes, además de un impacto económico cercano a los 10 mil millones de pesos derivados de la inseguridad y el delito en hogares de la entidad durante 2024.

Los legisladores señalan además que el INE ya reconoció durante el proceso electoral 2023-2024 “la necesidad de fortalecer mecanismos de coordinación institucional en materia de seguridad para personas candidatas”.

Pese al discurso de fortalecimiento institucional, el propio dictamen delimita reiteradamente que la comisión no podrá realizar investigaciones, emitir dictámenes de riesgo ni afectar derechos político-electorales.

“Únicamente fungirá como un órgano interno de apoyo y coordinación institucional del Instituto Electoral de Michoacán, sin facultades para emitir resoluciones vinculantes, negar registros, calificar riesgos, realizar investigaciones o afectar derechos político-electorales”, precisa la iniciativa.

Además, la operación de la comisión quedaría condicionada a que primero entre en vigor la legislación federal correspondiente y a los lineamientos que eventualmente emita el INE en materia de verificación de integridad de candidaturas.