Alerta FGE por jóvenes vinculados al crimen en Michoacán

MORELIA, Mich., 26 de mayo de 2026.- El registro de carpetas de investigación de menores en conflicto con la ley penal posiciona a Zamora, Morelia y Uruapan como los municipios con mayor incidencia de jóvenes involucrados en actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.

En rueda de prensa, el fiscal general, Carlos Torres Piña, explicó que el organismo autónomo emprendió el foro Desconek-tate y Reconek-tate con el objetivo de incidir en la prevención del delito entre los jóvenes, luego de detectar una “cantidad impresionante” de adolescentes relacionados con actividades de la delincuencia organizada.

“Este proyecto nace de una cantidad impresionante de participación de jóvenes con la delincuencia organizada: en primer lugar Zamora, en segundo lugar Morelia y en tercer lugar Uruapan”, comentó durante un encuentro con medios de comunicación.

Aseguró que bajo su gestión, en poco menos de un año, se iniciaron ya 30 carpetas de investigación por delitos como homicidio, trasiego de drogas y portación de armas de fuego, ya que sostuvo que no hay tolerancia para este sector.

“Actualmente tenemos 30 carpetas de investigación,  son 18 ya judicializadas de jóvenes que han sido detenidos, que están en investigación, que cuentan con orden de aprehensión por homicidio y otros por portación de arma de fuego o trasiego de droga”, manifestó Torres Piña. 

Desde la óptica del fiscal, antes de asumir el cargo “era muy común que los dejaran en libertad dentro de las 48 horas, ya fuera por homicidio o tráfico de drogas”.

La Constitución establece que el sistema de justicia penal para adolescentes aplica únicamente a personas de entre 12 años y 17 años con 11 meses de edad; es decir, a quienes ya se encuentran en la adolescencia. Los menores de esa edad quedan fuera de esta normativa y bajo la jurisdicción del Sistema DIF de los estados.

Y si bien la ley implica sanciones a aquellos que inciden en delitos graves, el legislador definió que las medidas privativas de la libertad sólo pueden imponerse a adolescentes mayores de 14 años, previo análisis del contexto y las circunstancias de cada caso por parte de la autoridad judicial, sin criterios automáticos.

En ese marco, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como los protocolos internacionales y la legislación nacional especializada obligan a jueces, ministerios públicos y autoridades de seguridad a aplicar la disposición que otorgue mayor protección a los adolescentes, incluso por encima de normas internas de carácter restrictivo.