Michoacán: analizan cuota laboral de 5% para personas con discapacidad

MORELIA, Mich., 14 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado analiza una iniciativa que plantea obligar a empresas privadas con más de 50 trabajadores a contratar al menos a un 5 por ciento de personas con discapacidad, además de crear incentivos fiscales y nuevos mecanismos de acompañamiento laboral para combatir las barreras de acceso al empleo formal.

La propuesta, impulsada por la diputada de Morena, Nalleli Julieta Pedraza Huerta, y consrtruida junto con ciudadanos participantes del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, se encuentra en revisión en las comisiones de Derechos Humanos, Educación y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

La iniciativa reforma la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Hacienda y la Ley de Educación del Estado de Michoacán, bajo el argumento de que la inclusión laboral sigue dependiendo, en gran medida, de decisiones voluntarias de las empresas privadas.

Actualmente, la cuota obligatoria de contratación del 5 por ciento aplica únicamente para instituciones públicas, pero la propuesta busca extenderla a empresas privadas con más de 50 empleados en la entidad.

El proyecto también plantea crear el distintivo oficial “Empresa Incluyente”, mediante el cual las compañías que acrediten contratación de personas con discapacidad y adecuaciones razonables en infraestructura y comunicación podrían recibir puntos adicionales en licitaciones públicas estatales.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Modelo de Transición Laboral Inclusiva (MTLI), que contempla acompañamiento especializado hasta por 12 meses para personas con discapacidad intelectual mediante la figura de un “Mentor Laboral Inclusivo”.

La exposición de motivos sostiene que uno de los principales problemas detectados es el “vacío de transición” entre la educación especial yel acceso al empleo formal, particularmente para personas con discapacidad intelectual o sensorial.

También advierte que los cursos técnicos actuales, de apenas uno a tres meses, resultan insuficientes para consolidar habilidades laborales y favorecer la permanencia en un empleo.

Por ello, la iniciativa propone obligar a los centros de capacitación técnica a ofrecer programas mínimos de 12 meses, además de exigir certificación anual de instructores en pedagogía inclusiva y Lengua de Señas Mexicana.

La reforma incorpora además manuales en lectura fácil, pictogramas, maquinaria ergonómica adaptada e intérpretes de lengua de señas, así como formación en Inteligencia Artificial, idiomas y tecnologías digitales adaptadas para personas con discapacidad.

En materia fiscal, el proyecto propone deducciones de hasta 50 por ciento en el Impuesto sobre Nómina para empresas que acrediten contratación de personas con discapacidad e inversiones en accesibilidad.

La iniciativa también reconoce barreras específicas que enfrentan personas sordas, especialmente monolingües, semilingües y con sordoceguera, debido a la falta de accesibilidad comunicativa en procesos de contratación y espacios laborales.

De aprobarse, el Ejecutivo estatal tendría 120 días para reglamentar el distintivo “Empresa Incluyente” y las reglas de operación del Modelo de Transición Laboral Inclusiva, mientras que las empresas privadas contarían con un año fiscal de adaptación para cumplir con la cuota de contratación.