Michoacán: analizan crear padrón y regular a gestores de visas

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2026.- Ante la ausencia de regulación estatal para quienes ofrecen asesoría y gestión migratoria, el Congreso de Michoacán analiza una reforma que crearía un Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Asesoría y Gestión Migratoria.

Lo anterior, con el objetivo de supervisar a quienes tramitan visas, residencias, nacionalidades, ciudadanías, peticiones familiares, solicitudes de asilo y otros procedimientos vinculados con autoridades migratorias nacionales y extranjeras.

La propuesta, emanada del PAN, advierte que aunque Michoacán es uno de los estados con mayor intensidad migratoria del país y miles de familias mantienen vínculos permanentes con Estados Unidos, actualmente cualquier persona puede instalar una oficina y promocionarse como asesor migratorio, consultor migratorio o especialista en visas sin acreditar conocimientos técnicos, experiencia profesional o certificación alguna.

De acuerdo con el proyecto legislativo, esa falta de regulación ha generado condiciones de vulnerabilidad para familias que depositan sus ahorros, patrimonio y proyectos de vida en personas que carecem de preparación adecuada o ueq incluso operan mediante publicidad engañosa y promesas imposibles de cumplir.

La iniciativa advierte que entre las principales problemáticas asociadas a esta situación se encuentran los fraudes económicos, la pérdida de oportunidades migratorias, errores en la integración de solicitudes, uso indebido de información personal, retención ilegal de documentos oficiales y falsificación documental.

Asimismo, sostiene que las consecuencias pueden ser particularmente graves debido a que muchos trámites migratorios involucran procedimientos jurídicos complejos. Errores en formularios, omisiones en antecedentes migratorios o interpretaciones incorrectas de disposiciones legales extranjeras pueden derivar en negativas permanentes de visas, restriccionesd migratorias, castigos de inadmisibilidad, deportaciones o impedimentos futuros para ingresar legalmente a otros países.

El proyecto también señala que existe una amplia desinformación entre los usuarios, quienes con frecuencia desconocen la diferencia entre una gestoría administrativa básica y una asesoría jurídica migratoria especializada, situación que facilita abusos y simulación profesional.

Otro de los fenómenos que busca atender la reforma es la proliferación de despachos o gestores que garantizan la obtención de visas, residencias o nacionalidades, aseguran tener influencias ante autoridades consulares o prometen resultados favorables a cambio de pagos, generando expectativas falsas entre los solicitantes.

Para enfrentar este escenario, la propuesta plantea que la Secretaría del Migrante integre y administre un Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Asesoría y Gestión Migratoria, en el que deberán inscribirse las personas físicas o morales que ofrezcan asesoría jurídica migratoria especializada con fines lucrativos dentro del territorio estatal.

El padrón tendría carácter público respecto a los datos generales de identificación y autorización de quienes se encuentren registrados, con el propósito de brindar mayores condiciones de certeza a las familias que contratan estos servicios.

Entre las obligaciones previstas para quienes formen parte del registro se encuentra proporcionar información clara, veraz y precisa sobre los alcances de los servicios ofrecidos; informar costos, requisitos y condiciones de contratación; formalizar por escrito la prestación de servicios; proteger la información personal de los usuarios y acreditar capacitación o certificaciones relacionadas con la materia migratoria.

La iniciativa también establece principios de actuación basados en la legalidad, honestidad, confidencialidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Además, prohíbe expresamente utilizar publicidad engañosa, ostentarse falsamente como abogado o especialista certificado, prometer influencias ante autoridades nacionales o extranjeras, alterar documentación oficial o incurrir en cualquier conducta fraudulenta o abusiva contra los usuarios.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la regulación no pretende intervenir en procedimientos migratorios federales ni en facultades de gobiernos extranjeros, sino únicamente supervisar la prestación de servicios comerciales y profesionales que se ofrecen dentro de Michoacán para proteger a los consumidores y prevenir fraudes.

La exposición de motivos sostiene incluso que Michoacán podría convertirse en una de las primeras entidades del país en contar con un esquema legislativo especializado para registrar, supervisar y profesionalizar a quienes ofrecen servicios de asesoría y gestión migratoria, un sector que actualmente opera sin mecanismos estatales específicos de control.

De aprobarse la reforma, la Secretaría del Migrante tendría 180 días naturales para emitir los lineamientos de integración y funcionamiento del registro, mientras que las personas y empresas que ya presten este tipo de servicios contarían con el mismo plazo para regularizar su situación e inscribirse en el padrón estatal.