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MORELIA, Mich., 19 de febrero de 2026.- El analista político Federico Berrueto advirtió que la próxima reforma político-electoral impulsada desde el oficialismo, que busca disminuir el financiamiento público a los partidos, podría incrementar la entrada de recursos ilegales a las campañas y debilitar la pluralidad democrática, con riesgos particulares para entidades como Michoacán de cara a la elección de gobernador en 2027.
En entrevista con Quadratín, Berrueto sostuvo que el argumento de austeridad en la reforma “es una burla” que encubre un objetivo político: reducir la pluralidad y fortalecer al partido gobernante.

Además, apuntó, al disminuir las prerrogativas a los partidos se abre la puerta a tres fuentes principales de financiamiento irregular: recursos gubernamentales desviados, aportaciones empresariales condicionadas a contratos futuros y, en el peor escenario, dinero del crimen organizado.
“Cuando se perfila que puedes ganar, ¿quién te va a financiar? El gobierno, empresarios o el crimen que captura al Estado”, señaló, al advertir que esta dinámica ya se observa en diversas regiones del país.
Para Berrueto, la reforma no es meramente electoral sino “política y de Estado”, porque busca modificar la integración del Congreso y el papel de las instituciones electorales, con la eliminación o reducción de la representación proporcional como eje para concentrar mayorías.
En el plano local, el especialista consideró que Michoacán se ha convertido en un “símbolo nacional” tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, crimen que, dijo, evidenció la penetración del crimen en instituciones y la disputa política anticipada por la gubernatura.
“El homicidio de Carlos Manzo va a definir la elección: o queda impune o se investiga hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
Berrueto subrayó que la falta de una investigación independiente debilita la credibilidad institucional y podría incidir directamente en el clima electoral de 2027. A su juicio, el hecho de que la indagatoria esté en manos de autoridades estatales señaladas por la propia víctima en vida genera desconfianza social.
En el ámbito nacional, el analista planteó que el actual gobierno no responde a un presidencialismo tradicional, sino a la conducción de un grupo político que ganó la Presidencia en 2024, dentro del cual la mandataria Claudia Sheinbaum ejerce el cargo con equilibrios internos.
“No ganó una Presidenta, ganó un grupo político; todos tienen su pedazo de poder”, explicó, al interpretar decisiones recientes del gobierno como expresión de esa lógica colectiva más que de liderazgo personal.
Desde esa perspectiva, concluyó, la reforma político-electoral y las tensiones internas del oficialismo deben entenderse como parte de un proyecto de continuidad del movimiento gobernante y no como iniciativas aisladas de la Presidencia.




