Informa Gil Morelos a morelianos sobre logros de la 4T
MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2026.- En el Congreso de Michoacán, que anualmente ejerce cerca de mil 500 millones de pesos y es considerado uno de los más caros del país, se presentan iniciativas con deficiencias jurídicas, propuestas sobre asuntos que ni siquiera son de su competencia y decretos que requieren correcciones antes de publicarse, y para muestra: en el periodo que concluye, el Poder Legislativo reportó 865 iniciativas, 231 dictámenes y apenas 140 decretos entre el 15 de febrero y el 11 de noviembre de 2026.
El problema fue puesto sobre la mesa por Horacio Vences Castelán, asesor de la diputada Diana Espinosa Mercado, quien acudió a una rueda de prensa del presidente del Congreso, Baltazar Gaona García, para donar 19 libros especializados en derecho parlamentario, ante la escasez de bibliografía sobre la materia en la biblioteca legislativa.
Sin embargo, la entrega de libros terminó por exhibir las deficiencias en la elaboración de las iniciativas. El propio asesor reconoció que ha encontrado propuestas cuya exposición de motivos y proyectos de decreto dejan mucho que desear, además de carecer de viabilidad política, jurídica y presupuestal.
“Yo me di a la tarea de consultar la biblioteca que tiene ese Poder Legislativo y encontré que tienen nulo acervo bibliográfico en derecho parlamentario. Me he encontrado con iniciativas que la verdad dejan mucho que desear en la cuestión de la exposición de motivos, dejan mucho que desear en el proyecto de decreto y la técnica legislativa no se ve por ningún lado”, señaló.
Pese al diagnóstico, Vences Castelán buscó deslindar a los diputados de buena parte de estas deficiencias y trasladar la responsabilidad a sus colaboradores. “Yo le achaco el mal a los asesores, no tanto a los diputados, porque al final del día los diputados confían en nosotros para poder concretar las propuestas”, argumentó.
No obstante, cabe apuntar que en términos de ley son los propios legisladores quienes ejercen la facultad de presentar y suscribir las iniciativas ante el Congreso, por lo que el apoyo técnico de sus asesores no debería eximirlos de la responsabilidad política sobre el contenido de las propuestas que llevan a tribuna.
El señalamiento fue respaldado por Gaona García, quien reconoció que algunas iniciativas pretenden regular asuntos que corresponden a la Federación, otras duplican disposiciones existentes y algunas más contienen contradicciones legales que impiden su dictaminación, por lo que terminan relegadas en las comisiones.
Como ejemplo de las consecuencias de estas deficiencias, reveló que un dictamen de reforma al Código Penal que agrupaba alrededor de 100 iniciativas tuvo que ser devuelto por apenas tres o cuatro observaciones, frenando el conjunto de propuestas mientras se realizan las correcciones correspondientes.
El presidente del Congreso admitió además que los errores llegan incluso a los decretos aprobados, pues Servicios Parlamentarios debe corregir problemas de redacción y ortografía antes de remitirlos a publicación, en tanto que la Secretaría de Gobierno realiza una revisión adicional.




