Acusan juristas retroceso democrático en reforma a la UMSNH

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2026.- Un grupo de destacados constitucionalistas, juristas y académicos de México e Iberoamérica lanzó una advertencia sobre la reforma aprobada por el Congreso de Michoacán que posterga hasta 2031 la elección democrática de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al considerar que representa un retroceso democrático y plantea serias dudas sobre su constitucionalidad.

En un posicionamiento, especialistas de México, España, Perú, Paraguay y Argentina cuestionaron que, mediante una disposición transitoria de la Ley Orgánica universitaria, se pretenda aplazar durante varios años un derecho de participación reconocido desde 2025 en la Constitución de Michoacán.

Entre los firmantes destacan los constitucionalistas Jaime Cárdenas, Imer Flores, Raúl Contreras, Manuel Granados Covarrubias y Ernesto Villanueva, así como los juristas Armando Hernández, Jesús González Schmal, José Mario de la Garza y Salvador Ochoa.

El pronunciamiento también cuenta con el respaldo de Guillermo Escobar Roca, de España; José Perla Anaya, de Perú; Benjamín Fernández Bogado, de Paraguay, y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, de Argentina.

A ellos se suman el académico Eduardo López Betancourt, la excomisionada del INAI Julieta del Río Venegas, el politólogo Sergio Aguayo y las juristas Clara Luz Álvarez González de Castilla, Carmen Quijano y Raquel Álvarez Charqueno, entre otros especialistas.

El núcleo de la controversia radica en el artículo 143 de la Constitución michoacana, que prevé la participación de los órganos de gobierno universitario, estudiantes, profesores y trabajadores administrativos en la elección de la persona titular de la Rectoría.

Los juristas sostienen que la modificación aprobada el pasado 3 de noviembre podría contravenir ese mandato constitucional, además de entrar en conflicto con las garantías de autonomía y autogobierno universitarios protegidas por el artículo tercero de la Constitución federal y la Ley General de Educación Superior.

En particular, consideran jurídicamente cuestionable que una disposición transitoria de menor jerarquía normativa pueda diferir hasta 2031 el ejercicio de derechos democráticos reconocidos en la Constitución estatal.

El posicionamiento también dirige una advertencia al Poder Judicial, ante las controversias relacionadas con la defensa de la autonomía universitaria.

Los especialistas demandan que los juzgadores actúen con absoluta independencia e imparcialidad, al subrayar que su condición de funcionarios electos mediante voto popular no los exime de resolver conforme a la Constitución, independientemente de las posiciones políticas del gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.

En contraste, expresaron su reconocimiento a la rectora Yarabí Ávila González y al Consejo Universitario por su defensa de la autonomía, la legalidad y la participación democrática de la comunidad nicolaita.

Destacaron que Ávila González ha asumido costos políticos por esta postura y recalcaron que su defensa institucional no responde a una intención de prolongar su permanencia en el cargo, cuyo mandato concluye el próximo 8 de enero de 2027.

Finalmente, los juristas formularon un llamado al gobernador, al Congreso estatal y a las autoridades judiciales para privilegiar el diálogo, respetar la supremacía constitucional y evitar interferencias políticas en las decisiones internas de la Universidad Michoacana.

Para los firmantes, lo que está en juego no es solamente quién encabezará la Rectoría a partir de 2027, sino el respeto a la autonomía universitaria y el derecho de miles de nicolaitas a participar democráticamente en la conducción de su institución.