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MORELIA, Mich., 21 de agosto de 2026.- Con la reciente solicitud de juicio político contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, el Congreso del Estado acumula ya 12 denuncias de este tipo durante la 76 Legislatura, cifra que representa 70.6 por ciento de las 17 solicitudes recibidas durante los tres años de la 75 Legislatura.
La petición contra Ávila González fue presentada por Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho de la UMSNH, y fue recibida por el Congreso del Estado el pasado 20 de agosto, con lo que se sumó al recuento de solicitudes acumuladas durante la actual Legislatura.
Hasta el 13 de agosto, el Congreso tenía contabilizadas 11 solicitudes de juicio político durante la 76 Legislatura, algunas de las cuales ya fueron declaradas improcedentes, mientras que otras permanecen en proceso de análisis.
Entre los casos registrados durante el actual periodo legislativo se encuentra la solicitud promovida por la propia Yarabí Ávila González contra el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, misma que posteriormente fue declarada improcedente.
También se han presentado solicitudes contra funcionarios estatales, integrantes del Poder Judicial y autoridades municipales, entre ellas la promovida contra el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; un regidor de Tumbiscatío y, recientemente, el presidente municipal de Indaparapeo, Janitzio Zavala Vega.
Con la incorporación de la solicitud contra Ávila González, la 76 Legislatura se acerca al total registrado durante la anterior Legislatura, que recibió 17 denuncias de juicio político a lo largo de sus tres años de ejercicio.
El número representa una proporción considerable, pues las 12 solicitudes acumuladas hasta agosto de 2026 equivalen a poco más de siete de cada 10 denuncias recibidas durante toda la 75 Legislatura.
Sin embargo, el número de solicitudes no implica que todas hayan avanzado hasta convertirse en juicios políticos, ya que cada denuncia debe ser revisada por las comisiones legislativas correspondientes para determinar si cumple con los requisitos legales y si existen elementos para continuar con el procedimiento.