Insiste PVEM en reducir trámites para candidaturas rumbo a 2027

MORELIA, Mich., 10 de mayo de 2026.- Mientras sigue congelada en comisiones la reforma para eliminar la exigencia de cartas de no antecedentes penales a candidatos, iniciativa que incluso ya había sido aprobada por mayoría en el Pleno y posteriormente regresada por el Ejecutivo estatal, el Partido Verde volvió a empujar una nueva modificación electoral enfocada en reducir cargas burocráticas para el registro de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

La propuesta, promovida nuevamente desde la bancada del PVEM y actualmente en análisis de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, plantea digitalizar completamente los expedientes de candidaturas, reducir requisitos documentales y sustituir la entrega física de constancias por verificaciones directas entre el Instituto Electoral de Michoacán, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Registro Civil.

El nuevo proyecto retoma el mismo argumento político que detonó el debate previo sobre las cartas de antecedentes penales: que el sistema actual castiga al aspirante que sí cumple trámites, pero no garantiza realmente detectar perfiles inelegibles.

De acuerdo con el diagnóstico de la iniciativa, el proceso electoral 2023-2024 exhibió “límites operativos” del modelo vigente, luego de que el IEM terminara aprobando candidaturas cuando las campañas ya habían iniciado formalmente.

El documento sostiene que miles de expedientes físicos provocaron saturación administrativa, retrasos y condiciones de incertidumbre jurídica para candidatos, partidos y autoridades electorales. Sólo en ayuntamientos, dipuotaciones y listas plurinominales, el órgano electoral debió recibir y revisar cientos de miles de documentos.

Actualmente, refiere la propuesta, todos los aspirantes deben presentar entre 10 y 12 documentos, incluso para suplencias o regidurías de municipios pequeños, lo que derivó en exclusión de aspirantes por trámites considerados excesivos o imposibles de completar en tiempo.

La reforma propone que el expediente sea exclusivamente digital y validado mediante firma electrónica. Además, prohíbe exigir documentos originales en papel como condición para registrar candidaturas.

Uno de los puntos políticamente más sensibles vuelve a ser la eliminación del trámite personal de cartas de no antecedentes penales y constancias de no deudor alimentario. En lugar de ello, el IEM remitiría directamente listas de candidatos al Poder Judicial y la Fiscalía para verificar sentencias firmes o impedimentos legales.

Incluso se plantea que, si durante campañas se detecta alguna causal de inelegibilidad, el Instituto pueda retirar candidaturas tras garantizar audiencia de 48 horas.

La iniciativa también busca limitar la intervención del IEM en los procesos internos de partidos políticos. La propuesta establece que el órgano electoral sólo podrá verificar el resultado final de la paridad de género, pero no imponer métodos de selección interna ni definir municipios reservados excluysivamente para mujeres.

Además, incorpora nuevas reglas para acciones afirmativas de población indígena, afromexicana, migrante, personas con discapacidad y diversidad sexual, bajo un esquema de “cuota global” y “libertad territorial”, para evitar, según el documento, “postulaciones ficticias” derivadas de lineamientos rígidos emitidos por el IEM en el pasado proceso electoral.