Inconstitucional, amparo que veta a hombres de la CEDH: Xóchitl Ruiz

MORELIA, Mich., 8 de julio de 2025.- La diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán, calificó como "inconstitucional" el amparo promovido por Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, que derivó en la suspensión provisional de la designación de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán.

En entrevista, tras la fallida reunión de Comisiones Unidas para elegir la terna de entre los 11 aspirantes, la legisladora del Partido Verde afirmó que el Congreso ha cumplido con la legalidad y los principios de paridad, y sostuvo que la medida cautelar dictada por el Juzgado Primero de Distrito no puede modificar la naturaleza jurídica del proceso legislativo, que permite la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones.

El Congreso está legal y jurídicamente blindado”, señaló, al subrayar que la convocatoria no violenta el principio de igualdad sustantiva, ya que contempla la participación equitativa entre géneros y actualmente hay mayoría de mujeres entre las personas inscritas al proceso.

Ruiz González argumentó que el amparo promovido busca imponer una convocatoria exclusiva para mujeres, lo cual, dijo, atentaría contra la legalidad y los derechos de quienes también tienen derecho a participar, incluidos los varones. Reiteró que la lucha feminista no puede usarse como distorsión para excluir a otros sectores.

El discurso de empoderamiento no debe derivar en una interpretación errónea de la paridad. Paridad es 50-50, no exclusión de un género sobre otro”, sostuvo, tras defender que la ruta legislativa se mantiene firme, que la sesión fue legal al contar con quórum y que se volverá a convocar el próximo jueves a las 17 horas en espera de la Comisión de Justicia, ausente en la reunión más reciente.

Sobre las críticas a Bárbara Ramírez, contra quien pesa y a queja de la comunidad sorda, por presunta discriminación, Ruiz González se limitó a señalar que todas las personas inscritas tienen derecho a participar y que el criterio de designación será la preparación y el compromiso con los derechos humanos, no intereses personales o litigios políticos.