Hasta 20 años de cárcel purgarían 3 por fraude en Congreso de Michoacán
MORELIA, Mich., 2 de mayo de 2025.- Por la compra de un software contable con un sobreprecio de más de cinco millones de pesos, tres exfuncionarios de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado.
Se trata de la causa penal 267/2025, derivada de la denuncia presentada por la representación jurídica del Poder Legislativo en contra de Beatriz Ariadna Clímaco Ortega, María Isabel Ceja Linares y Mario Alberto Villegas Alfaro, quienes ocuparon los cargos de directora de Administración y Finanzas, apoderada jurídica y secretario de Finanzas y Administración, respectivamente.
La audiencia inicial se celebró el lunes 28 de abril a las 9 horas. Durante la diligencia, el Ministerio Público formuló imputación a los tres señalados. La jueza de control resolvió vincular a proceso a Clímaco Ortega y Ceja Linares, al estimar que existían datos de prueba suficientes para dar inicio formal al proceso penal en su contra.
En el caso de Villegas Alfaro, éste solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá el sábado 3 de mayo en audiencia virtual.
Según los datos que obran en la carpeta, el Poder Legislativo pagó cinco millones 450 mil 800 pesos por un software cuyo valor real fue determinado en apenas 139 mil 200 pesos, conforme a dictámenes periciales. La diferencia entre ambos montos constituye el eje de la acusación por fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con el artículo 230, fracción V, del Código Penal de Michoacán, cuando el valor de lo defraudado supera diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la sanción puede ir de ocho a quince años de prisión y hasta mil quinientos días multa.
A ello se suma el artículo 248, que establece de dos a ocho años de cárcel por uso ilícito de facultades, cuando el monto rebasa quinientas veces la UMA. La pena conjunta podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
Aunque las personas imputadas conservan su derecho a la presunción de inocencia, el caso ya se encuentra formalmente en sede judicial.
Además, el Congreso de Michoacán anunció que prepara otras denuncias por presuntas omisiones en la atención de demandas laborales, y mantiene abierta la ruta para ampliar la investigación si, durante el proceso, surgen nuevos datos que impliquen a más personas en la cadena de responsabilidad.
