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MORELIA, Mich., 8 de julio de 2025.– La diputada de Morena, Jaqueline Avilés Osorio, afirma que hay policías de investigación, en Michoacán, que extorsionan a ciudadanos, por lo que este miércoles buscará que el Congreso del Estado apruebe un exhorto a la Fiscalía General de Justicia (FGE), para que se frene esta práctica.
El exhorto está dirigido al fiscal general Adrián López Solís, para que frene de inmediato las extorsiones cometidas por policías de investigación en contra de ciudadanos con vehículos legalizados bajo el decreto presidencial impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la Legisladora, según expone el documento que presentará, las víctimas son personas que regularizaron sus vehículos de procedencia extranjera conforme a la normativa vigente, con pagos debidamente realizados, documentos con firma del SAT y registro en el Repuve, pero que aun así son detenidas en retenes o al circular por las calles, y obligadas a pagar dinero bajo amenazas de ser procesadas penalmente con delitos inventados.
Esta denuncia es a raíz de las diversas quejas de cientos de michoacanos que han sido víctimas de extorsión de parte de policías de la Fiscalía General del Estado”, señala el documento.
La Diputada acusa que, además de los cobros ilegales, en algunos casos las personas son trasladadas a instalaciones de la Fiscalía, donde también se les exige dinero para liberar el vehículo y evitar procesos penales sin fundamento.
La propuesta de acuerdo exhorta directamente al fiscal López Solís a “realizar los ajustes correspondientes, a efecto de que detenga de inmediato las extorsiones”.
Asimismo, pide que se active un protocolo de atención instantánea para denunciar estos actos ilícitos y se sancione a quienes los cometan. También llama a la ciudadanía a no entregar dinero, documentar los abusos y presentar denuncias ante las autoridades competentes.
Avilés Osorio argumenta que los vehículos regularizados cumplen con el artículo 89 constitucional, que faculta al presidente de la República a emitir decretos como el que dio origen al programa. Además, recordó que el artículo 6 de la Ley Aduanera y su Anexo 1 respaldan la legalidad del procedimiento de importación.
El decreto vino a darle certeza jurídica a miles de michoacanos”, subrayó, al tiempo que advirtió que estas prácticas de extorsión erosionan la confianza de la población en las instituciones.
En el escrito, la Legisladora pide no perder de vista que los autos legalizados también contribuyen al control del parque vehicular y a la seguridad pública, pues cada unidad queda vinculada a un propietario identificado, reduciendo así el uso de estos vehículos en actividades ilícitas.
Como medida preventiva, llama a los ciudadanos a verificar el estatus de sus placas en la plataforma Repuve, conservar comprobantes de alta y baja de placas, especialmente si hubo reemplacamiento, y aclarar cualquier anomalía ante la Secretaría de Finanzas del Estado, evitando siempre los pagos indebidos.
La propuesta será presentada oficialmente ante el Pleno legislativo este miércoles, donde se solicitará su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución.




