Exige ONU a México esclarecer asesinato de Bernardo Bravo

MORELIA, Mich., 12 de marzo de 2026.- El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y defensor de derechos humanos en Apatzingán, escaló al plano internacional, luego de que relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron al Estado mexicano información puntual sobre la investigación del crimen, las medidas de protección que se le brindaron y las acciones adoptadas para proteger a quienes defienden a productores frente a la violencia y la extorsión en la región.

La comunicación, fechada el 29 de diciembre de 2025 y dirigida al gobierno mexicano, fue suscrita por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, y la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero.

En ella, los expertos señalan como asunto de atención urgente el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez y advierten su preocupación por un posible vínculo directo entre el crimen y su labor legítima en defensa de los derechos humanos de los productores de limón del Valle de Apatzingán.

Bernardo Bravo era productor de limón y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, agrupación que representa a productores de la región frente a la violencia estructural ejercida por redes criminales, mediante extorsión, control de precios e imposición de intermediarios.

Además, gestionaba el Tianguis Limonero, un esquema de comercialización directa entre productores y empacadores, concebido para proteger a los citricultores del control de intermediarios ilegales.

La ONU retomó que, al menos desde 2013, grupos armados en el Valle de Apatzingán habrían impuesto controles sobre los precios de venta de limón y aguacate, sobre la contratación de mano de obra y sobre el uso de empacadores, además de exigir cuotas por kilo producido o vendido.

En ese contexto, el sector agrícola ha denunciado inacción institucional y presunta colusión de autoridades municipales o estatales con redes de intermediarios ligados al crimen organizado. El documento también recuerda que en septiembre y noviembre de 2024 fueron asesinados dos dirigentes citrícolas.

En ese clima de riesgo, Bernardo Bravo habría solicitado reiteradamente protección a las autoridades. Según la comunicación, en 2024 recibió medidas de protección estatales, pero meses después éstas se redujeron de manera significativa.

Para los relatores, uno de los puntos que el Estado mexicano debe aclarar es precisamente la base fáctica de esa decisión, así como las medidas adoptadas para proteger a personas defensoras vinculadas con la defensa de los citricultores de Apatzingán.

El documento reconstruye además la secuencia previa al homicidio. Refiere que en febrero de 2025 Bernardo Bravo denunció amenazas contra el Tianguis Limonero, lo que obligó a su cierre para salvaguardar la integridad de los productores.

Más adelante, el 14 de octubre de 2025 fue uno de los convocantes a una protesta en Apatzingán, parte de una movilización nacional, en la que productores lanzaron cajas de limón a la calle para exigir precios justos, la creación de un banco de desarrollo agrícola con facilidades de crédito y facilidades administrativas para regular concesiones de agua.

Tres días después, el 17 de octubre, convocó públicamente a los productores a reunirse el lunes 20 en el Tianguis de Limón para continuar con sus exigencias. El 18 de octubre publicó un video en su página de Facebook, con más de 13 mil seguidores, en el que rechazó los precios pagados al limón y advirtió que no permitirían la intervención de corredores o coyotes en la fijación del precio de la fruta.

La ONU asentó que el 19 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11 horas, Bernardo Bravo informó a su familia que se dirigía a Apatzingán. Durante el trayecto de Morelia a Apatzingán habría estado acompañado por un elemento de escolta, pero al llegar al Tianguis Limonero dejó de contar con esa protección.

Más tarde se dirigió a la comunidad de Cenobio Moreno, donde permaneció varias horas. Entre las 21 y 21:40 horas, cámaras urbanas captaron su vehículo de regreso en Apatzingán, la última vez que fue registrado en movimiento.

Su cuerpo fue localizado sin vida el 20 de octubre dentro de su vehículo, en la carretera entre Los Tepetates y Apatzingán. El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona.

Según la comunicación, el cuerpo se encontraba en el asiento del conductor, el motor del vehículo seguía encendido y presentaba heridas de arma de fuego y signos de violencia, lo que apuntaría a que el asesinato ocurrió la noche anterior.

Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y autoridades estatales y federales informaron sobre la detención de un presunto implicado, en posesión de un arma de fuego y previamente señalado por su participación en actividades de extorsión contra productores de la zona.

Ante estos hechos, los relatores especiales demandaron una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente y transparente, conforme al Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, para identificar a los responsables y garantizar la plena rendición de cuentas.

También expresaron preocupación porque la indagatoria realizada hasta ahora podría no haber considerado suficientemente el vínculo entre el homicidio y la labor de Bernardo Bravo como defensor de derechos humanos.

En su pronunciamiento, la ONU recordó además que México se encuentra entre los países con mayor número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, y subrayó que los mecanismos de protección suelen ser insuficientes o carecer de voluntad política para funcionar debidamente.

Por ello, instó al Estado mexicano no sólo a esclarecer el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, sino a adoptar medidas efectivas para evitar qeu hechos como éste se repitan y para garantizar protección real a quienes defienden derechos en una de las regiones agrícolas más golpeadas por la violencia criminal en Michoacán.