No dejemos herencia legislativa para este tercer año: Octavio Ocampo
MORELIA, Mich., 9 de febrero de 2026.- El Tremecino y La Puente, dejarán de pertenecer a la capital del estado para incorporarse formalmente al municipio de Charo, como parte del dictamen que el Congreso del Estado votará el próximo miércoles, para redefinir 12.2 kilómetros de los límites territoriales con Morelia.
La decisión legislativa implica la modificación de la adscripción municipal de estas dos localidades, así como de porciones de Buenavista y San José de las Torres, con efectos obligatorios en materia administrativa, catastral, registral, estadística y de prestación de servicios públicos, conforme al convenio intermunicipal firmado por ambos ayuntamientos el 17 de septiembre de 2025.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la 76 Legislatura, a partir de un expediente técnico respaldado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El límite total entre Morelia y Charo se mantiene en 33.17 kilómetros, pero el acuerdo redefine una franja de 12.2 kilómetros en zonas donde el crecimiento urbano y la conurbación habían rebasado la delimitación vigente.
El nuevo trazo territorial se integra por 328 vértices georreferenciados. Del vértice 1 al 270 se conserva la delimitación establecida por el INEGI, mientras que el ajuste inicia en el vértice 270, ubicado en el ejido La Mesa, sobre el arroyo Peña Blanca, y concluye en el vértice 328, en el cauce del río Grande de Morelia.
Además del cambio de localidades, el dictamen establece que equipamientos estratégicos como el Hospital General Regional 1 Charo del IMSS, el Recinto Ferial Michoacán y el Centro de Adiestramiento Regional de la 12 Región Militar quedarán plenamente adscritos al municipio de Charo. En el caso del fraccionamiento Tres Marías, una de sus etapas quedará delimitada con 60 por ciento del territorio en Charo y 40 por ciento en Morelia.
La Comisión legislativa señala que la actualización de los límites busca evitar conflictos político administrativos, ordenar la planeación urbana y dar certeza jurídica a una zona con fuerte presión inmobiliaria, bajo un marco legal que no se había modificado desde 1909.
De aprobarse por el Pleno, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y obligará a ayuntamientos y dependencias estatales y federales a actualizar catastros, padrones y registros conforme a la nueva delimitación territorial.




