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MORELIA, Mich., 4 de febrero de 2021.- Por unanimidad de los cinco magistrados del TEEM se declaró inexistente la violencia política por razón de género denunciada por la ciudadana Silvia Alejandre Maravilla contra el ayuntamiento de Pajacuarán, así como del presidente municipal y el director de comunicación social.
La violencia política en razón de género derivó de un litigio laboral ya que Alejandre Maravilla fue trabajadora del ayuntamiento en trienio 2012-2015 y al ser despedida de manera injustificada inició un juicio laboral que ganó y el ayuntamiento debe pagar la indemnización correspondiente.
En lugar de cumplir con el laudo laboral, en el Facebook del ayuntamiento se hizo una publicación que la quejosa consideró que violenta sus derechos humanos, su honor y su buen nombre, al tratarse de información falsa y distorsionada que tiene como finalidad difamarla y desprestigiarla y promover el discurso de odio poniendo en riesgo la vida, la libertad y la integridad de ella y su familia, al ponerla a disposición del pueblo para que la juzgaran y ejercieran acciones físicas y psicológicas en su contra.
Se acreditó que el 20 de septiembre del 2019, se realizó una publicación en el perfil de Facebook del ayuntamiento, en la que, sin precisar debidamente el contexto, se realizaron manifestaciones como “se quiere apropiar” de los bienes del Ayuntamiento, “quiere aprovecharse”, “es una injusticia”, “se sirvieron del municipio como servidores públicos y ahora quieren despojar lo que pertenece a todos”.
Los magistrados coincidieron en que la quejosa no acreditó uno de cinco elementos que definen la violencia política en razón de género ya que de las frases analizadas no se pudo determinar que fueran dirigidas a ella por ser mujer, que tuvieran un impacto diferenciado por ser mujer y que se le afectara desproporcionadamente por ser mujer.
La magistrada ponente, Yolanda Camacho señaló que no todo acto del que se duela una mujer puede ser considerado violencia política por razón de género, además de que la ciudadana presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado que siguen su curso.